viernes, 8 de julio de 2016

La geopolítica del Nilo

Desde hace milenios, las más grandes civilizaciones se han originado alrededor de grandes ríos. El Yangtsé, el Ganges, el Indo, el Tigris y el Éufrates… Todos ellos han sido testigos del auge y caída de poderosos pueblos. Asimismo, en todos los rincones del planeta, el control de los ríos ha constituido causa constante de guerras y conflictos. Los ríos otorgan poder; el poder de saciar la sed y paliar el hambre. También el poder de transportar mercancías y personas de manera sencilla y veloz. Y en muchos casos, de todo ese poder depende la supervivencia misma de una nación. Por todo ello, por ese poder, la humanidad no ha cesado de empuñar las armas, ni de alzar y destruir imperios y civilizaciones alrededor de sus aguas. Y si antes se empuñaban espadas, ahora son los tanques y los fusiles los que aparecen tras los tambores de guerra. Las aguas del Nilo, desde tiempos de los faraones hasta la actualidad, han sido testigos de ello.


El Nilo se extiende a lo largo de unos 6700 kilómetros y, aunque no se ha establecido con total exactitud dónde se sitúa su origen, pueden identificarse dos ramales. Por un lado el denominado Nilo Blanco, que nace en Burundi y fluye la zona de los Grandes Lagos de África oriental. De aquí provienen el 14% de las aguas que recorren la cuenca del Nilo hasta el Mediterráneo. Paralela a esta rama del río corre el Nilo Azul, que nace en las tierras altas de Etiopía y que, junto al río etíope de Atbara, aporta el 86% de los recursos hídricos con los que los egipcios riegan sus campos.

Desde sus fuentes hasta el Mediterráneo el Nilo atraviesa once países africanos (Rwanda, Burundi, República Democrática del Congo, Tanzania, Kenia, Uganda, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur, Sudán y Egipto), a los cuales proporciona agua dulce y fértiles márgenes idóneos para la agricultura. Sin él, países como Egipto o Sudán no podrían sobrevivir, pues es el río el que hace posible la vida en el seno mismo de las ardientes arenas del desierto del Sáhara. De hecho, de los más de 450 millones de personas que habitan estos países –más de un tercio de la población total de África–, al menos la mitad depende de las aguas del río Nilo. Es la única fuente de agua potable en la que se puede confiar a largo plazo y una pieza imprescindible para asegurar la seguridad alimentaria en una zona caracterizada por un crecimiento exponencial e incesante de la población –se calcula que en los próximos 25 años dicha región doblará su población– y marcados contrastes entre sequías e inundaciones –que además están siendo intensificados por el cambio climático. Prueba de ello es que el 99% de la población egipcia habita en los márgenes del Nilo, concentrándose más del 80% de los más de 84 millones de habitantes egipcios en el triángulo que conforma su delta a orillas del Mediterráneo. En definitiva, la importancia del Nilo lo convierte en un factor determinante para la estabilidad de toda la zona.
El Nilo para Egipto

La historia de Egipto a lo largo de los últimos 6000 años ha estado marcada por el Nilo. Sin él las pirámides jamás habrían sido construidas ni tampoco habría sido tan ardiente el deseo de los pueblos sucesivos, desde los griegos hasta los mamelucos, de controlar su territorio. Herodoto lo formuló así: “Egipto es un regalo del Nilo”.

No obstante, el gran poder del Nilo necesita de las decisiones políticas adecuadas para poder ser aprovechado. Por un lado, se calcula que, al ritmo de crecimiento actual, la población egipcia podría pasar de los 85 millones de habitantes de ahora a 120 millones en 2025. Por otra parte, en un contexto climático marcado por ciclos de sequías e inundaciones, con una agricultura que absorbe el 80% de las reservas nacionales de agua y un sector industrial en expansión, la buena utilización del Nilo es vital para la supervivencia de la nación árabe. Especialmente teniendo en cuenta que actualmente la mitad de las necesidades de grano y cereales de los egipcios son suplidas por medio de importaciones, haciéndoles muy vulnerables a los cambios mundiales en el precio de los alimentos.

Más allá de la dependencia física de Egipto para con las aguas del Nilo, la historia colonial grabó a fuego en el imaginario de sus habitantes la concepción del rio como un derecho de nacimiento, como una propiedad nacional legítima. Así, con la configuración del Estado egipcio moderno ya en el siglo XIX, éste quedaría íntimamente vinculado a la idea de un país cuya revolución agrícola e industrial devendría del control total de El Cairo sobre las aguas del Nilo por medio de sistemas de regadío, canales y presas. Éstos convertirían a Egipto en un gran exportador de algodón y otros productos agrícolas al mercado mundial. Todo ello se consolidaría a raíz de una serie de tratados entre las potencias coloniales y los distintos territorios bajo su control que, siguiendo intereses principalmente británicos, negarían a Etiopía o Sudán la posibilidad de construir presas u otras obras de ingeniería que alteraran el curso o produjeran cambios en el caudal del Nilo.

De esta forma Egipto quedaría como el único actor capaz de modificar y manejar las dinámicas del río en función de sus necesidades hídricas, sin necesidad de consentimiento previo por parte del resto de naciones de la cuenca del Nilo, reservándose para él un uso anual de 48 billones de metros cúbicos de agua –4 billones serían posteriormente concedidos a Sudán– y pudiendo vetar construcciones que quisieran llevar a cabo dichos estados y que afectaran directa o indirectamente al curso del río. En un posterior tratado de 1959 las cantidades anuales de agua a las que tenían derecho Egipto y Sudán se ampliarían a 55 y 18 billones de metros cúbicos respectivamente, lo que suponía el 99% del agua que fluía cada año por el Nilo. Asimismo se establecía que, en el caso de que Egipto y Sudán aceptaran que un tercer país llevara a cabo un proyecto en el Nilo, ambos países establecerían una comisión permanente para monitorear la construcción. Además a Sudán se le permitiría construir dos presas, la de Roseires y la de Khashm al-Girba. Por otra parte, territorios de estados todavía no existentes como Rwanda, Burundi, Kenia o Tanzania, por los que fluye el Nilo, quedaron fuera de toda posibilidad de decisión sobre sus aguas.

Tras la crisis de Suez, los egipcios vendrían a ser los amos absolutos del río. Así, de la misma forma que los antiguos egipcios consideraban a sus faraones como los dioses terrenales que preservaban el Nilo y sus ciclos de sequías e inundaciones, el ejecutivo del Egipto contemporáneo controlaría a voluntad de qué formas podrían ser utilizadas las aguas fluviales, tanto dentro de sus fronteras estatales como fuera de ellas.

No obstante, el trono del faraón forjado en los tratados coloniales y embellecido después por Egipto y Sudán vendría a ser contestado por otros aspirantes. Y es que no sólo al ejecutivo cairota le preocupa aprovechar al máximo los recursos que el Nilo ofrece. Río arriba, problemas como el crecimiento poblacional acelerado, las hambrunas derivadas de sequías y la necesidad de suplir de energía eléctrica a los sectores económicos en crecimiento en los que depende el desarrollo económico, son también preocupaciones plasmadas en las agendas políticas de los distintos gobiernos.

Por ello, los proyectos de presas o de sistemas de irrigación se suceden sin cesar. Ya en 1970 El Cairo amenazó con iniciar hostilidades contra Etiopía si no detenía su proyecto de la presa de Fincha y se aludió al tratado de 1902 entre Etiopía y Gran Bretaña para frenar el proyecto. En 2004 Tanzania sería también amenazada por Egipto por su propósito de construir un gasoducto en el Lago Victoria, haciéndose de nuevo referencia a los tratados coloniales de principios del siglo XX.

A pesar de todo, la presión conjunta de los países ribereños de las orillas altas del Nilo ha llevado a reducir progresivamente la hidro-hegemonía egipcia en los últimos 15 años. Asimismo, el desinterés de la administración de Hosni Mubarak por la política africana ha disminuido notablemente la influencia cairota sobre la cuenca del Nilo, especialmente en un momento en el que los países africanos están llevando a cabo grandes esfuerzos por consolidar unas relaciones exteriores, tanto a nivel regional como internacional, de alto nivel.

Por otra parte, no se debe infravalorar la entrada del poder financiero chino en la región, el cual ha abierto la posibilidad de llevar a cabo proyectos hasta ahora totalmente inasequibles. Así, los banqueros y las grandes empresas de construcción e ingeniería chinas, a quienes no amedrentan las amenazas de inestabilidad tradicionalmente utilizadas por los egipcios, no han cesado de financiar losambiciosos proyectos de ingeniería hidroeléctrica de Sudán o Etiopía, que suman ya más de 25, siguiendo una tendencia que se reproduce en toda África.
El rival etíope

Entre los más fervientes pretendientes a participar en el gobierno del Nilo está Etiopía. Ya en 1964 realizarían un detallado informe en el que se estudiaban las posibilidades de construir presas para la obtención de energía a lo largo de toda la cuenca del Nilo Azul. Desde entonces los esfuerzos por desarrollar infraestructuras para la obtención de energía hidroeléctrica conjuntamente con los países vecinos no han cesado. Las sequías de los años 80, y las terribles hambrunas que generaron, que afectaron tanto a Egipto como a Etiopía, no hicieron sino elevar las tensiones respecto al codiciado río.

Y es que, frente a la insaciable sed de Egipto, Etiopía muestra un descomunal hambre de desarrollo. Todo ello ha llevado al gobierno de Addis Abeba a construir multitud de presas en los últimos 40 años, tomando en desconsideración las protestas que llegaban desde El Cairo. No obstante, dichas obras quedarían reducidas a la nada en comparación con el proyecto que se iniciaría en 2011: la presa conocida como “Grand Ethiopian Reinassance Dam” (GERD). Esta obra ha necesitado de una inversión total de 4.800 millones de dólares y cuando sea terminada, aproximadamente en 2017, se convertirá en la presa más grande de toda África, con una capacidad de almacenamiento de agua de hasta 74 billones de metros cúbicos y con una producción energética al máximo rendimiento de 6000 megavatios anuales, lo que supondría triplicar la actual capacidad etíope. Además, una vez finalizada no sólo permitirá abastecer de electricidad a Etiopía sino también a los países vecinos tales como Uganda, Djibuti, Kenia, Somalia y Sudán, e incluso a Egipto.

Con todo ello, Etiopía pasaría de ser un país donde tan sólo un tercio de la población tiene acceso a energía eléctrica a ser el mayor exportador de energía de África oriental. Al mismo tiempo, los problemas derivados de la sequía se verían enormemente reducidos y se experimentaría un notable estímulo del desarrollo económico. O desde luego así lo creen las autoridades etíopes, que consideran que un fracaso en la construcción de la presa constituiría un fracaso de Etiopía en su totalidad. Tal es la importancia de la GERD para ellos que han financiado las obras con recursos públicos propios.

A pesar de todo, el tradicional amo del Nilo no tardaría en responder ante semejante desafío arquitectónico. Así, las autoridades cairotas no tardarían en concebir la GERD como una amenaza para su seguridad nacional ante la posibilidad de que la presa reduzca el flujo de agua que llega hasta las orillas egipcias del Nilo. Sin duda alguna el ejemplo etíope se reproducirá en el resto de países ribereños en cuanto gocen de los recursos necesarios, con lo que la hegemonía hídrica de Egipto se hará añicos.

No obstante, Egipto no cesaría en sus esfuerzos por impedir que el proyecto se llevase a cabo. En 2010, en un correo filtrado por Wikileaks, aparecían declaraciones de altos cargos egipcios que, en colaboración con Sudán, planeaban un ataque militar sobre la presa en construcción. Posteriormente, ya con Morsi en el poder tras la primavera egipcia, el elevado tono de las discusiones tampoco desaparecería. En una conversación televisada por error, varios políticos egipcios proponían alimentar la inestabilidad interna en Etiopía mediante la financiación de grupos armados dentro de sus fronteras y el propio presidente llegó a asegurar que si la cantidad de agua que corría por la cuenca egipcia del Nilo se reducía una sola gota ésta sería sustituida con sangre egipcia.

Sin embargo, y aunque no debemos olvidar que Egipto consta con uno de los ejércitos más poderosos de África, la inestabilidad económica y política que impera en el país desde la caída de Mubarak –incluyendo focos de insurgencia islamista en el Sinaí–, junto con la pérdida de influencia por el aumento de fuerza geopolítica del resto de países ribereños subsaharianos –Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenia Burundi y Sudán del Sur han dado ya su apoyo al proyecto–, y la distancia de más de 1000 kilómetros que separan la frontera sur de Egipto del enclave de la presa, hacen totalmente inviable una intervención armada, pues su precio económico, militar y político sería demasiado elevado.

Debemos considerar por otra parte la enorme influencia de Etiopía en el mantenimiento de la estabilidad regional. Es un aliado clave de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo islamista tanto en el Cuerno de África como en la península arábiga y fueron los esfuerzos diplomáticos etíopes los que evitaron que la independencia de Sudán del Sur en 2011 no derivara en una escalada de agresiones con el norte. Por otra parte, es algo notable que Etiopía se haya mostrado dispuesta a la participación de Egipto y Sudán en el proyecto, demostrando con ello el deseo de hacer de la operación un juego beneficioso para todos los implicados.

La pérdida de peso geopolítico de Egipto proviene, entre otras causas, por el mayor empuje ejercido por los países ribereños situados al sur del Sáhara. Frente a la influencia y poder del gigante egipcio, estos estados han llevado a cabo una estrategia clara de “la unión hace la fuerza”. El reflejo institucional de esta perturbación en el centro de gravedad en la región se ha materializado en la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI por sus siglas en inglés).

Se trata de una asociación regional intergubernamental que busca promover la integración regional y el desarrollo económico cooperativo, equitativo y sostenible del río Nilo, de tal forma que todos los participantes puedan compartir los beneficios socio-económicos de sus aguas, a la vez que se mantiene la paz, la estabilidad y la seguridad de la región. En definitiva, se trata de aunar las agendas políticas regionales acerca del Nilo en un proyecto común, cumpliendo así con los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Cursos Fluviales.

Aunque la idea original surgió en 1997 no se hizo realidad hasta el 22 de febrero de 1999. En dicha fecha los ministros encargados del manejo de los recursos hídricos de Burundi, República democrática del Congo, Egipto, Etiopia, Kenia, Rwanda, Sudan del Sur, Sudan, Tanzania y Uganda –y Eritrea como Estado observador– se reunieron en Dar es-Salaam (Tanzania). En dicho encuentro se acordó que la NBI no buscaría otra cosa sino el desarrollo económico y social sostenible de la región de la cuenca del Nilo, a través de la utilización compartida de sus recursos, en base a los principios de equidad, sostenibilidad y buena voluntad, y gozó con el apoyo de instituciones y donantes como el Banco Mundial.

La iniciativa fue concebida como una institución transitoria hasta que fueran completadas las negociaciones acerca del Acuerdo sobre el Marco Cooperativo (Cooperative Framework Agreement o CFA), cuando la NBI se tornó, al fin, permanente en marzo de 2011, tras la firma del acuerdo de Entebe. Dicho acuerdo permite a todos los países ribereños construir presas y llevar a cabo proyectos en común. El acuerdo, catalogado como “una solución africana para un problema africano”, ha sido ya ratificado por Etiopía, Rwanda, Uganda, Kenia, Tanzania y Burundi, y parece que Sudán del Sur y la República Democrática del Congo serán los siguientes. Egipto y Sudán, en cambio, se han negado a firmarlo, alegando que uno de sus artículos vulnera los derechos de uso preexistentes. Si bien, tras su partición en 2011 y la crisis interna resultante –incluida la derivada de la necesidad de relocalizar sus recursos hídricos–, y tras varios informes que han demostrado que la construcción de presas en Etiopía no afectarían significativamente a sus reservas de agua, Sudán está comenzando a inclinarse hacia el bloque sur, una decisión que le reportaría un gran número de beneficios.

Así, la NBI ha logrado que el eje gravitacional de la región se haya desplazado al sur. Con ello Egipto, a pesar de sus esfuerzos de mantener el statu quo con su participación de la iniciativa, tendrá que cambiar su estrategia, y aceptar la necesidad de tejer alianzas con las naciones meridionales de la cuenca; será ésta la única vía por la que podrá capear su inminente crisis hídrica sin provocar una escalada de tensiones armadas en la región, a la vez que se beneficia del desarrollo económico de la zona.
El futuro: la cooperación o la guerra

En definitiva, la urgencia que requieren los problemas hídricos regionales para ser resueltos va poco a poco forzando a los Estados a ceder en sus posturas hacia una posición de consenso y cooperación. Y es que retos como la reducción de la pobreza, frenar la degradación del medio ambiente o la generalización de los servicios públicos, son comunes a todos los Estados de la cuenca, algunos de ellos entre los más pobres del mundo, y su resolución depende en gran medida del buen uso y del aprovechamiento de los recursos que contiene el Nilo en sus meandros. Además, los cambios deberán realizarse tanto a nivel de las políticas públicas internas de cada Estado como en materia de cooperación internacional.

En el ámbito de las relaciones internacionales el cambio de rumbo ya está en marcha, aunque sin duda queda mucho camino por delante. El 23 de marzo de 2015 el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi, el primer ministro etíope Hailemariam Desalegn y el presidente sudanés Omar al-Bashir, firmarían un acuerdo en base a la buena voluntad, para que el proyecto de la GERD en Etiopía siga adelante sin que se produzcan más comportamientos hostiles. Además el ejecutivo de El Cairo ha procedido a estrechar sus relaciones con el resto de países africanos participantes de la NBI, poniendo fin, al menos de momento, a su postura defensiva para con los privilegios de la era colonial.

Por otra parte, será necesario evaluar de qué manera pueden desarrollarse los grandes proyectos arquitectónicos que demandan las distintas economías de la región sin que supongan un perjuicio para las poblaciones locales. Situaciones como la acaecida en 2009 en Sudán, cuando 15.000 familias fueron desplazadas hacia zonas desérticas tras la construcción de la presa de Morowe y la consiguiente inundación de sus tierras, no deberían volver a repetirse. Si se busca realmente la integración y el desarrollo económico de todos los pueblos de la región, las poblaciones más vulnerables deberán ser protegidas, promoviéndose la defensa de los derechos humanos. Asimismo, los gobiernos regionales tendrán que empezar a contar con la participación de los actores no estatales, ya sean ONGs o asociaciones de granjeros o pescadores. Esto permitirá, por un lado, que las demandas y necesidades de dichos grupos sean incluidas en la agenda, abordando las crisis y los conflictos de manera cooperativa y multidimensional, a la vez que se aprovechan sus conocimientos y experiencia sobre el terreno, algo de gran utilidad cuando los recursos logísticos y humanos son muy limitados.

En resumen, si se quiere evitar la conflictividad de la región, el Nilo deberá ser gestionado por medio de la cooperación entre todos los actores implicados, promoviendo la confianza entre los gobiernos, la transparencia en materia de política energética, agrícola y de gestión del agua, así como el desarrollo de proyectos e inversiones comunes que supongan beneficios colectivos.

Artículo extraído de la web de El orden mundial en el siglo XXI

viernes, 1 de julio de 2016

España y la Agenda 2030

Los medios de ejecución de la Agenda 2030: la contribución de España. 




Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen una agenda de progreso global que escapa los límites temáticos y geográficos de agendas anteriores como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ciertamente, escapan el ámbito exclusivo de la cooperación. Aplicarla tendrá implicaciones políticas institucionales, políticas y financieras que deben ser aclaradas cuanto antes.
Resumen

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen la hoja de ruta del desarrollo global hacia 2030. A diferencia de otros esfuerzos anteriores, el alcance temático y geográfico de los ODS responde a la complejidad del reto que afronta: los principios de equidad y sostenibilidad enhebran los 17 objetivos de esta agenda y alcanzan al conjunto de los países firmantes, desarrollados, emergentes y de ingreso bajo. La ambición de los ODS es al mismo tiempo una oportunidad de desplegar acciones relevantes en buena parte de los determinantes del progreso nacional y global, y el riesgo enorme de acabar reducida a un conjunto de buenas intenciones y acciones arbitrarias y atomizadas. La posibilidad de acabar en uno u otro punto depende de la capacidad de los Estados para definir un plan de acción que contemple prioridades claras y evaluables, mecanismos institucionales de coordinación y un presupuesto ajustado a las necesidades. Se analizan aquí estas necesidades para el caso español y se ofrecen algunas ideas para responder a ellas, incluyendo la creación de una Oficina de Sostenibilidad y Equidad adjunta a la Presidencia del Gobierno. Aunque la cooperación internacional es sólo una parte de este esfuerzo, sus instituciones y responsables pueden jugar un papel determinante en el impulso estratégico de la nueva agenda.
Análisis

En septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una agenda universal para el desarrollo global que establece la hoja de ruta de la comunidad internacional al menos hasta 2030. Todos los países están obligados a trasladar estos planes a sus políticas nacionales e internacionales, aunque el modo y el alcance con los que esto ocurra son todavía confusos. Las siguientes notas ofrecen seis reflexiones sobre este proceso y las implicaciones para el caso español.

(1) Una nota de cautela

Los ODS se asemejan más a un recetario que a una receta. Tienen la virtud de ser comprehensivos y relevantes, pero conllevan el grave riesgo de derivar en agendas arbitrarias, atomizadas e inoperantes. Los mecanismos de aplicación y seguimiento de las 169 metas determinarán la eficacia de los planes nacionales y, lo que es más importante, del resultado del esfuerzo agregado.

En su informe de 2014, en plena recta final de la negociación de los ODS, el secretario general de la ONU apeló a “una cultura de la responsabilidad compartida, basada en normas universales acordadas y compromisos globales” e inmediatamente enunció la clave para la consecución de estos objetivos: “mecanismos y procesos locales y nacionales con una participación amplia de una diversidad de actores”.1 Sostener lo contrario sería peculiar, pero esta lógica da una idea de las dificultades a las que harán frente los ODS.

Seis meses después de la aprobación formal de estos objetivos, la web que aloja el detalle de los indicadores de seguimiento incluye más siglas de comisiones que mecanismos estadísticos duros para garantizar el cumplimiento de las metas, cuya amplitud resulta en algunos casos desconcertante (véase el caso de la Cobertura Universal de Salud, ampliamente interpretable dependiendo del contexto). Aunque ya existen 230 indicadores que deben orientar el seguimiento y la evaluación de las metas, la heterogeneidad de los procesos nacionales es preocupante. En España, por ejemplo, no tenemos ninguna pista de los organismos e instituciones que van a asumir esta responsabilidad, ni sobre la influencia de esta agenda en el conjunto de las políticas públicas más allá de la cooperación. La interinidad del gobierno y de la propia legislatura son una magra justificación en un proceso que podría haber quedado definido hace casi un año.

(2) Para España, los ODS ofrecen un desafío de doble eje: geográfico y temático

Como otros países desarrollados, España se enfrenta al reto de hacer suya una agenda de desarrollo global que toca aspectos medulares de su modelo de progreso. El doble eje se establece tanto en el ámbito temático (un conjunto de ambiciosos objetivos enhebrados por los principios de equidad y sostenibilidad) como en el geográfico (definir una aportación sustantiva a la convergencia internacional y el desarrollo de los países pobres, al tiempo que se establecen objetivos nacionales ajustados a las necesidades y capacidades propias).

No hace falta decir que este desafío va mucho más allá del ámbito tradicional de la cooperación. Ninguna contribución seria al cumplimiento de los ODS puede excluir medidas tangibles y relevantes en algunos campos directamente relacionados con los ODS, entre los que destacan los siguientes:2

Consumo y generación de energía, reflejado en los ODS 7 y 10 pero con implicaciones en otros.

Fiscalidad y desigualdad: desde la posición de España en la consolidación de sistemas fiscales internacionales más justos y eficaces hasta la necesidad de abrir un debate nacional sobre la brecha creciente de desigualdad (entre sexos, entre grupos de ingreso, entre grupos de edad) en nuestro propio país. Ambos reflejados en el ODS 10.

Políticas sociales, precariedad e igualdad laboral, un ámbito particularmente sensible del desarrollo social y productivo de España que aparece en el ODS 8.

La acción exterior y todo lo que tiene que ver con el papel de España en el mundo, empezando por sus políticas de cooperación e incluyendo los nuevos partenariados para el desarrollo (ODS 10 y 17).

El movimiento internacional de bienes, servicios y personas, muy particularmente los nuevos modelos de movilidad y la conformación de una Política Migratoria Europea que vaya más allá de la estrategia defensiva.

El doble desafío tiene para España implicaciones de carácter político, institucional y financiero, que desarrollamos brevemente a continuación.

(3) Las implicaciones políticas: un plan nacional para la aplicación de los ODS

Aunque no existe una plantilla fija para llevarla a cabo, la puesta en marcha de los ODS en cada uno de los países debe responder a un plan establecido que incluya las prioridades elegidas por cada país, el calendario de actuaciones, los mecanismos de consulta y los indicadores para garantizar su seguimiento. Este plan de trabajo ya ha sido sugerido por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) y no existe ninguna razón para retrasar su elaboración en el momento en que el nuevo gobierno y parlamento entren en funciones.3

Básicamente, las obligaciones en este ámbito consisten en a la elaboración de un plan de acción que sea al mismo tiempo relevante, ambicioso y creíble. Esto implica definir con finura –y con el horizonte de 2030– las prioridades nacionales en tres ámbitos: 
(1) la agenda propia (por ejemplo, abrir un debate sobre el avance de la desigualdad o poner fin a la emergencia de la pobreza infantil y juvenil); 
(2) la agenda externa (reconsiderar las prioridades de España en materia de cooperación, participación en organismos internacionales o iniciativas de paz); y 
(3) los ámbitos en las que estas se solapan (la agenda del clima o la de la movilidad internacional de personas son dos buenos ejemplos).

Aunque no existen precedentes exactos de un plan de este tipo (los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran una criatura de naturaleza y alcance bien diferentes), sí se puede aprender de la experiencia de otros procesos complejos, como el del cambio climático. El gobierno irlandés, por ejemplo, lanzó a mediados del pasado año una consulta nacional sobre un Plan Nacional de Mitigación que daba respuesta a los compromisos adquiridos en este proceso.4Los países en desarrollo, por su parte, llevan años produciendo programas nacionales de adaptación que se asemejan en su transversalidad y adaptación al tipo de documento que podría elaborar el gobierno español en colaboración con los agentes políticos y sociales.5

(4) Las implicaciones institucionales: una Oficina presidencial de Sostenibilidad y Equidad

Precisamente porque este asunto escapa con mucho el ámbito de influencia de la cooperación, sería deseable que su estructura no esté sujeta sólo al ámbito de influencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que cuente con un armazón institucional transversal y muy cercano a la Presidencia del Gobierno. A lo largo de las últimas semanas se han escuchado algunas sugerencias considerablemente ambiciosas de los partidos, como la realizada por el PSOE durante la campaña del pasado otoño en relación con una Vicepresidencia de Sostenibilidad.

Tal vez esta idea tenga recorrido con algunas opciones de gobierno, y sin duda tiene atractivo. Pero tal vez sea más operativo (y aceptable para el conjunto del arco ideológico) pensar en una Oficina de Sostenibilidad y Equidad equivalente a la actual Oficina Económica del Gobierno. Esta OSE debería estar dotada del aparataje estadístico que sea necesario –lo que implica retoques urgentes en el sistema nacional de estadística para incluir, por ejemplo, información detallada sobre desigualdades por edad o residencia–, así como de los mecanismos de coordinación interministerial que garanticen la coherencia necesaria entre las diferentes áreas de la administración y la posibilidad de exigir una rendición de cuentas ordenada.

Institucionalmente, el panorama debe completarse con una comisión parlamentaria al más alto nivel (esta vez sí, referenciada explícitamente a los ODS) y mecanismos serios y relevantes de participación de la sociedad civil, mucho más allá del modelo y ámbito de influencia del Consejo de Cooperación.

(5) Las implicaciones financieras: una memoria de gastos, pero también de ingresos

El plan nacional de cumplimiento de los ODS debe incorporar una memoria económica detallada tanto en las especificidades del gasto previsto como en los mecanismos que garantizarán los recursos (incluyendo planes explícitos en materia de fiscalidad internacional y nuevos mecanismos de financiación, asuntos que son al mismo tiempo medio y fin de los ODS). El primer punto es mucho más complejo que el segundo. En la medida en que la agenda nacional de los ODS incorpora aspectos centrales del Estado del bienestar, la política energética o la sostenibilidad ambiental, parece complicado establecer un presupuesto ceñido a las necesidades específicas de la agenda 2030. Sí es posible, sin embargo, realizar anotaciones sobre el gasto previsto que permitan informar adecuadamente en los procesos de seguimiento de los ODS y ofrecer al debate público un orden de magnitud del esfuerzo previsto y el realizado.

En lo que respecta a los ingresos, existe la posibilidad de completar las fuentes establecidas de ingresos públicos con nuevas herramientas dirigidas específicamente a la financiación de los ODS y que forman parte de la nueva agenda de financiación del desarrollo. La tasa a las transacciones financieras (conocida popularmente como Tasa Tobin o Tasa Robin Hood) es un buen ejemplo de ello. La propuesta realizada por las organizaciones sociales incluía una distribución del gasto en tres partes: (1) cooperación internacional; (2) lucha contra la pobreza nacional; y (3) lucha contra el cambio climático. Cierto que las previsiones originales eran bastante más optimistas de lo que parece que tendremos finalmente, pero un criterio de este tipo ejemplifica bien las posibilidades presupuestarias y pedagógicas de las nuevas herramientas de ingreso.

Finalmente, sería interesante explorar algunas ideas más heterodoxas como, por ejemplo, la posibilidad de establecer una condicionalidad mutua entre los objetivos de déficit y los ODS, de modo que el primero no aplaste sistemáticamente a los segundos. No hay modo de hacer esto sin el consenso europeo, por lo que es necesario contribuir a promover este debate para el conjunto de la UE.

(6) El papel de la cooperación

El hecho de que las políticas tradicionales de cooperación no ocupen la parte principal del espacio de acción de los ODS no significa que deban ser ignoradas. Las instituciones y los individuos familiarizados con la ayuda al desarrollo cuentan con una experiencia insustituible en la gestión de este tipo de agendas complejas y en la relación con los organismos que deben llevarlas a cabo. La participación activa de una Cooperación Española renovada en el diseño, aplicación y seguimiento del plan nacional para los ODS es al mismo tiempo un beneficio para las aspiraciones nacionales y una oportunidad para salir del cajón estanco en el que a menudo queda recluida. Todo ello hace aún más importante elegir bien las imbricaciones institucionales y los liderazgos políticos en este ámbito, porque es más que posible que lo que España haga en este ámbito comience con el impulso de los sectores de la cooperación, que son los que han seguido más de cerca el proceso de conformación de la Agenda 2030.

Conclusiones

Como ha señalado el investigador del Center for Global Development Charles Kenny, “la propuesta del grupo de trabajo [sobre los ODS] es una visión utópica más que un conjunto creíble de objetivos de desarrollo para 2030”.6 El riesgo de que este conjunto bienintencionado pero inabarcable de metas acabe convertido para muchos Estados en poco más que un recurso retórico no es irrelevante. Y eso sería imperdonable. Al fin y al cabo, el principal valor añadido de la agenda modesta y parcial de los ODM es que proporcionaron a la comunidad internacional (los donantes, fundamentalmente) una hoja de ruta creíble para un período de tiempo razonable. Sustituir este proceso –que ha supuesto avances tangibles en ámbitos como la mortalidad infantil o la lucha contra la malaria– por algo como los ODS es realizar un verdadero salto mortal.

Dicho esto, la oportunidad es evidente. Los ODS ofrecen un relato infinitamente más moderno y relevante del progreso global, uno que considera la compleja imbricación de asuntos, actores y plazos. Interpretar correctamente esta agenda y trasladarla a un programa nacional creíble de actuación es el reto de cada uno de los países firmantes, España entre ellos.

Gonzalo Fanjul
Director de análisis de ISGlobal | @GonzaloFanjul


1 The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet. Synthesis Report of the Secretary-General on the Post-2015 Agenda, diciembre de 2014.

2 Detalle acerca de los ODS y sus metas.

3 Getting Started with the Sustainable Development Goals: A Guide for Stakeholders, SDSN, diciembre de 2015.

4 Minister Kelly launches consultation on the development of Ireland’s first National Mitigation Plan to transition Ireland to a low carbon economy by 2050, 10/VI/2015.

5 Toda la información sobre estos planes.

6 Charles Kenny (2015), “¿Hemos perdido el rumbo? De los ODM a los ODS”, Política Exterior, enero-febrero.

Ver el artículo de Gonzalo Fanjul en la web de Elcano

viernes, 24 de junio de 2016

La PESC de la Unión Europea



La Política Exterior y de Seguridad de la UE, que lleva muchos años desarrollándose, le permite expresarse y actuar con personalidad propia en la escena internacional. Actuando conjuntamente, los 28 países de la UE tienen más fuerza que si lo hicieran por separado.

El Tratado de Lisboa, de 2009, fortaleció la política exterior de la UE al crear el cargo de Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y  el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el cuerpo diplomático de la UE.

Paz y seguridad

La misión de la Política Exterior y de Seguridad de la UE es:

  • mantener la paz y afianzar la seguridad internacional
  • fomentar la cooperación internacional
  • desarrollar y consolidar:
  • democracia
  • Estado de Derecho
  • respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
  • Diplomacia y asociaciones

La UE es un factor decisivo en asuntos como el programa nuclear iraní, la estabilidad en Somalia y en todo el Cuerno de África o la lucha contra el calentamiento del planeta. Su Política Exterior y de Seguridad Común, concebida para resolver conflictos y fomentar el entendimiento internacional, se basa en la diplomacia. Muchas veces el comercio, la ayuda humanitaria, la seguridad y la defensa desempeñan un papel complementario.

La UE, primer donante mundial de ayuda al desarrollo, tiene una posición privilegiada en la cooperación con los países en desarrollo.

El peso demográfico y económico del total de 28 naciones le confiere una gran fuerza. Es el primer bloque comercial del planeta y cuenta con la segunda divisa mundial, el euro. La tendencia a que las decisiones en política exterior sean comunes también le da mayor firmeza.

La UE mantiene asociaciones con los principales actores de la escena mundial, incluidas las potencias emergentes. Su meta es garantizar que las relaciones se basen en intereses y beneficios mutuos. La UE celebra cumbres periódicas con Canadá, China, la India, Japón, Rusia y Estados Unidos. Sus relaciones internacionales incluyen los siguientes ámbitos:

  1. educación
  2. medio ambiente
  3. seguridad y defensa
  4. delincuencia
  5. derechos humanos.
  6. Misiones de paz

La UE ha enviado misiones de paz a diversas zonas conflictivas del mundo. En agosto de 2008 impulsó el alto el fuego que puso fin a las hostilidades entre Georgia y Rusia y envió observadores para supervisar la situación (misión de observación de la UE en Georgia. Además, prestó ayuda humanitaria a las personas desplazadas por el conflicto.

En Kosovo ha desplegado una importante misión civil de policías, jueces y fiscales (EULEX) para colaborar en el mantenimiento del orden público.

Instrumentos de intervención

La UE no tiene un ejército permanente, sino que, en el marco de su Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), recurre a las fuerzas que los países miembros ponen a su disposición para:

  • operaciones conjuntas de desarme
  • operaciones humanitarias y de rescate
  • asesoramiento y asistencia en cuestiones militares
  • prevención de conflictos y mantenimiento de la paz
  • gestión de crisis, por ejemplo restablecimiento de la paz y estabilización al término de los conflictos.

Desde 2003, la UE ha llevado a cabo cerca de 30 operaciones civiles y militares en tres continentes, todas ellas de respuesta a crisis:
pacificación tras el tsunami en Indonesia
protección de refugiados en Mali y la República Centroafricana
lucha contra la piratería en las costas de Somalia y el Cuerno de África.

La UE desempeña un importante papel como garante de la seguridad.

Desde enero de 2007, la UE cuenta con la capacidad necesaria para emprender operaciones de respuesta rápida, con dos agrupaciones tácticas de 1.500 efectivos cada una. En caso necesario, puede activar dos operaciones simultáneamente. Las decisiones relativas al despliegue competen a los ministros nacionales de los países de la UE reunidos en el Consejo de la UE.
Relaciones más estrechas con nuestros vecinos: Política Europea de Vecindad

La Política Europea de Vecindad (PEV) rige las relaciones de la UE con 16 de sus vecinos del sur y del este.

Al sur: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina (denominación que no supone el reconocimiento de Palestina como Estado y se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre el reconocimiento de Palestina como Estado), Siria y Túnez.

Al este: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania.

Concebida con el fin de consolidar las relaciones de la UE con sus vecinos, esta política ofrece:

  • asociación política
  • integración económica
  • mayor movilidad a las personas.

Al ampliarse la UE, los países de Europa oriental y el Cáucaso meridional han pasado a ser nuestros vecinos más próximos. Su seguridad, estabilidad y prosperidad nos afecta cada vez más. Para profundizar en las relaciones entre la UE y sus seis vecinos del este, en 2009 se puso en marcha una iniciativa conjunta. la Asociación Oriental. La cooperación con los socios del este europeo (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania) es un elemento esencial de las relaciones exteriores de la UE.

A raíz de las revueltas de la Primavera Árabe, en 2011, la UE relanzó la Política Europea de Vecindad para dar más apoyo a aquellos socios que emprendieran reformas favorables a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Se trata de fomentar en estos países un desarrollo económico integrador y la asociación con toda una serie de grupos y organizaciones en paralelo a las relaciones de la UE con los gobiernos.

Pero la UE también apoya a los países vecinos que afrontan conflictos y crisis. La UE es el principal donante de ayuda a las víctimas de la crisis en Siria, a quienes ha destinado más de 3.200 millones de euros desde 2011. También intenta ayudar a Libia en su difícil coyuntura política y de seguridad.

Además, la UE apoya de diversas formas las iniciativas internacionales por la paz en Oriente Medio. La UE es favorable a un acuerdo biestatal de convivencia entre un Estado palestino e Israel. La UE, la ONU, Estados Unidos y Rusia ("el cuarteto") colaboran para animar a ambas partes a alcanzar un acuerdo. Todos trabajan estrechamente con los socios regionales para hallar una solución pacífica al conflicto.

El programa nuclear iraní viene siendo uno de los principales focos de tensión internacional. El acuerdo alcanzado en noviembre de 2013 con la comunidad internacional fue un primer paso hacia la resolución del conflicto y representó un reconocimiento del papel de la UE en las conversaciones de paz en nombre de la comunidad internacional.
Asia y América Latina

La UE intensifica las relaciones con las agrupaciones regionales asiáticas y latinoamericanas. Con sus socios asiáticos, en rápido desarrollo, ha establecido "asociaciones reforzadas", acuerdos que combinan aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. La UE también es firme partidaria de la integración regional en ambas zonas.


Toma de decisiones en la política exterior de la UE

El máximo órgano decisorio de la Unión Europea es el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 países. Se reúne cuatro veces al año para definir los principios y las directrices políticas generales.

La función de la alta representante es lograr la mayor coherencia de la política exterior y de seguridad de la UE. La alta representante preside la reunión mensual del Consejo de Asuntos Exteriores, a la que asisten los 28 ministros de Asuntos Exteriores de la UE. Asiste además al Consejo Europeo e informa sobre las cuestiones de política exterior.

La mayoría de las decisiones de política exterior y de seguridad requieren el consenso de todos los países de la UE.

El papel del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) es apoyar a la alta representante. Ejerce la función de servicio diplomático de la UE. Una red de más de 139 delegaciones y oficinas en todo el mundo fomenta y protege los valores e intereses de Europa.

Desde el 1 de noviembre de 2014, la italiana Federica Mogherini es la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

viernes, 17 de junio de 2016

El denominado brexit y la actual crisis de la UE

José Antonio Sanahuja definió a finales de 2013 lo que él consideraba como las cuatro crisis de la Unión Europea[1]: La del proyecto económico capaz de llevar prosperidad, estabilidad y crecimiento a todos sus territorios y para todos sus habitantes, la de la experiencia federal de gobernanza democrática multinivel, la del mecanismo de solidaridad transnacional para la cohesión económica, social y territorial, y por último la crisis de la UE como actor global en un sistema internacional caracterizado por unos cambios súbitos y trepidantes. De la misma manera todos reconocen el gran éxito que supuso la implantación de una política económica y monetaria para el territorio UE que llevó fondos a buena parte del territorio de la CEE primero, y UE después. El gigante económico funcionaba, pero la Unión no despegaba políticamente. Sabedores de esta necesidad, los estados miembros después de convertir en realidad el mercado único europeo en 1992 con la Unión Económica y Monetaria[2], se proponen, además,  la construcción de lo que hoy es la UE a través del Tratado de Maastricht (Tratado de la Unión Europea, en adelante TUE) poniendo en marcha la integración política a través de los denominados tres pilares: las Comunidades Europeas[3], la PESC[4] y la cooperación policial y judicial en materia penal[5]. Pero a pesar de los avances en ciudadanía y gobernanza política, la dimensión política no acaba de llegar. Sin lugar a dudas las políticas nacionales de los diferentes estados no lo permitían. Después de las reformas de Amsterdam (1997) y Niza (2001) la UE sigue siendo una estructura de bajo perfil político que no es reconocida internacionalmente como actor global. Tan es así que en 2004, en Roma, se firma el denominado Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, con el objetivo de dotar de armazón y configuración jurídico-política a una estructura eminentemente económica. El Parlamento Europeo aprueba dicho texto en 2005 y recomienda el refrendo por parte de los diferentes estados. Sin embargo, los noes a la Constitución Europea  de los franceses y holandeses hacen fracasar el proyecto. En una nueva vuelta de tuerca para buscar la efectiva unión política,  y bajo presidencia portuguesa, se acuerda el Tratado de Lisboa en 2007, que introduce numerosas reformas, sobre todo en lo referido a las competencias entre la UE y los estados miembros, intentando sustituir a la fallida Constitución europea. Pero la UE está cada vez más lejos de los ciudadanos y es con la crisis económica, a partir de 2008 fundamentalmente,  cuando incluso la estructura económica de la UE comienza a hacer aguas. Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, Chipre y España ven como sus economías son “rescatadas”, en distintos niveles de importancia, al no cumplir con los objetivos de estabilidad aprobados para la zona euro[6].  Desde este momento, cuando lo económico sigue pesando más que lo político, se acrecientan las crisis en el seno de la UE, que a pesar de dotarse de mecanismos de negociación internacional únicos, ve cómo los intereses nacionales, franceses y alemanes sobre todo, predominan sobre la generalidad y el consenso de los 28. La falta de respuesta unitaria ante la insurgencia del DAESH o la crisis de los refugiados que la guerra de Siria provoca son algunas de las situaciones donde la UE no ha hablado con una única voz; unas veces por boca de algunos de sus integrantes, como Austria, República Checa o Reino Unido, y otras por el sistema de mayoría cualificada[7], el mundo ha contemplado como la todopoderosa UE dejaba a su suerte a cientos de miles de personas que huían del horror de la guerra, por ejemplo.
En este contexto surge el denominado brexit[8], que precede al también denominado grexit[9], y que se refiere a una hipotética salida del Reino Unido de la UE. El referéndum británico (también se celebrará en Gibraltar) sobre la permanencia o no en la UE se celebrará el 23 de junio de este año y ha situado las dificultades de la Unión en el top ten de la agenda internacional; no en vano el Presidente de EE.UU., Barack Obama, ofreció un acto público en Londres el pasado 22 de abril, donde recomendaba a los británicos votar por la permanencia en la UE[10]


Sin duda este referéndum viene en el peor momento para la Unión. Las relaciones entre Europa y Reino Unido (en adelante RU) han sido catalogadas, de siempre, como especiales. Podemos recordar que RU ingresa en la CEE en 1973, aunque sus pretensiones de ingreso se remontaban doce años antes; el Presidente De Gaulle lo fue paralizando (hasta en dos ocasiones) y tuvo que ser bajo la presidencia del también conservador George Pompidou cuando se desbloquea su entrada.  Los problemas surgen de manera inmediata y es un Primer Ministro laborista, Harold Wilson, quien llega al 10 de Downing Street bajo la promesa de un referéndum de permanencia en la antigua CEE. Curiosamente en aquella época los laboristas defendían la salida de la CEE y los conservadores la permanencia; hoy ocurre lo contrario. Este referéndum es ganado por el sí a la permanencia, pero los laboristas pierden las elecciones de 1979 y Margaret Thatcher,  una convencida de las ventajas económicas de la CEE, no así de las políticas, es elegida Primera Ministra. Hasta 1992, con el Tratado de Maastricht, no aparecen grandes problemas entre la CEE y RU. Es en este momento cuando los británicos consiguen varias cláusulas de exención, las denominadas Opting Out (opt-out)[11] que acrecientan una relación especialmente difícil entre RU y la UE. Recientemente el actual Primer Ministro, el conservador David Cameron, abrió lo que denominó “la fase formal” de la renegociación entre ambos aludiendo a nuevas negociaciones necesarias para defender “.../... la prosperidad económica y la seguridad nacional de Reino Unido”[12]. Sólo nuevos cambios, nuevas opt-out, en gobernanza económica, soberanía, competitividad e inmigración permitirán que los británicos voten por la permanencia en la UE. Sin embargo estas nuevas exenciones dañan seriamente la línea de flotación del actual proyecto europeo. RU entiende que la UE debe reconocer la existencia de varias monedas además del Euro, eliminar lo que considera excesivas regulaciones para hacer más competitiva su economía, más soberanía nacional y menos integración europea y, por último, reducir el libre movimiento de personas en la UE, incluso de los ciudadanos de los países miembros[13]. Es decir, acabar con la zona euro, dejar sin regulación el régimen económico y comercial de la UE y acabar con el sueño de una integración política al completo, diseñando una UE más soberanista aún donde se vuelven a restringir los movimientos migratorios, no ya a los refugiados, sino a los ciudadanos de los países miembros UE, negando a los recién llegados cualquier ayuda social o económica. Con estas medidas aprobadas, RU sería un país más que atípico dentro de la estructura UE, ya que el hecho de no ofrecer ayudas a los recién llegados aleja definitivamente la posibilidad de llegada de refugiados sirios; cualquiera elegirá algún otro país donde tenga una oportunidad para poder rehacer su vida. Con el reconocimiento de otras monedas[14] se aleja también para RU, y otros países que van a la zaga, la obligación de participar en rescates económicos de países miembros (Reino Unido no se ha involucrado en ningún rescate, especialmente adverso a los rescates portugués y griego). Y por último, como ya sabemos, RU quiere más peso de los parlamentos nacionales y menos peso del Parlamento Europeo. Es decir, insolidaridad en estado puro de un país que no ha renunciado a su carácter imperialista y colonialista, perdido hace tiempo, y que pretende recuperar a través de su especificidad económica, política y jurídica. Y por parte del resto de miembros de la UE se contemplan estas posibilidades como inaceptables ya que se reconocería que países miembros no formen parte del acervo político, cultural y de valores que la UE ha tenido desde su fundación. La integridad de la UE y sus principios y valores fundamentales estarían en vías de desaparición del frontispicio europeo.
Todos los analistas apuntan a que la nueva centralidad del euro ha sido la principal causa del nuevo alejamiento entre la UE y RU. También lo es el cambio del denominado eje Berlín-París-Londres que ha gobernado de facto la UE en los últimos años. Hoy es Berlín el que, en tanto locomotora económica europea, ha marginado a París y RU en la toma de decisiones sobre los aspectos económicos y políticos, pesando más los primeros lógicamente. Así, los euroescépticos se han ido alineando con RU como opción política pensando en una agrupación de intereses, pero RU, fiel a su historia, va a lo suyo; Reino Unido, hoy, está al margen de la agenda europea. Pero no podemos entender el brexit como un fenómeno aislado. La salida de RU de la UE puede iniciar un proceso de desintegración del euro y su zona. Diferentes firmas económicas de relevancia internacional están alertando “.../... del efecto dominó político en Europa como consecuencia de la salida de Reino Unido”[15]. Acompañando al partido conservador británico están los denominados movimientos populistas que ganan adeptos en diferentes países enarbolando la crisis como una realidad que impide que los autóctonos salir adelante ante el aluvión de ayudas que reciben los foráneos. Tal y como señala Alex Fusté, economista jefe de Andbank[16] “veo a un país con un gobierno de coalición anti austeridad, que es la nueva manera de autodenominarse euroescéptico”[17]. Alternativa por Alemania, el Frente Nacional francés, el Movimiento Cinco Estrellas italiano, los populistas de Podemos en España, el Partido de la Libertad en Holanda y conservadores y laboristas del propio Reino Unido son algunos de los ejemplos de nuevos euroescépticos que se suman a los históricos de Austria, Finlandia o los nuevos de Polonia, Hungría y República Checa. Un brexit provocaría una cadena de salidas de la zona Euro y de la UE, sin duda. Y mucha preocupación internacional.

Pero el brexit es poliédrico. Tiene más caras. Y una de las últimas en mostrarse ha sido la del apoyo financiero a favor y contra el referéndum. Según datos de la Comisión Electoral de RU[18] los grupos pro brexit han superado en donaciones (8,2 millones de libras) a los contrarios a la salida de RU de la UE (7,5 millones de libras).  Entre los primeros el dueño de CMC Markets o el famoso bróker Peter Hargreaves, que ha donado 3,2 millones de libras. Su razonamiento es que la UE pone demasiadas normas restrictivas a la estructura financiera londinense, la denominada City, limitando su voraz actividad; insisten, además, en que el proyecto económico de la UE es inviable, sobre todo después de los rescates financieros. Encontramos más pesos pesados de la economía entre los favorables a la permanencia en la UE, tales como los responsables de Airbus, Bloomberg y Price Waterhouse. Varios expertos financieros se preguntan cómo actuaría la City ante los imponderables surgidos de una salida de la UE, sobre todo en lo referido a los permisos para poder formalizar operaciones desde Londres hacia el resto de países UE y encontramos cómo alguna de estas firmas ya está abriendo sucursales en Amsterdam o Bruselas.
Tal y como indica Manuel Castells[19] asistimos a una crisis generalizada de las instituciones políticas de la que las de la UE no es ajena. Quizá, si cabe, más grave en Europa. Políticos e instituciones están al nivel de desconfianza de las instituciones financieras, ya que una gran parte de los ciudadanos piensa que se unen contra sus intereses, los que se consideran legítimos de la mayoría de ciudadanos. En un sistema como el europeo, donde se fraguó el denominado Estado del Bienestar, el concepto de contribuyente va más allá del meramente descriptivo. Es un concepto cultural que forma parte del acervo jurídico y moral. Pero quizá no haya sido suficiente con el hecho de generar un sistema progresivo donde nadie queda fuera del sistema. Las orientaciones políticas generan instrumentos distintos en función de las ideologías y en demasiados países, fundamentalmente los del sur de la UE, se ha jugado a desmontar lo instaurado con el fin de maquillar resultados y convertirlos en éxitos electorales. La UE debe ser un espacio político más temprano que tarde. Si hoy día no es el actor global que debiera ser, es por esa causa. Por esa razón el brexit es una oportunidad, como lo fue el grexit. La salvedad es que los británicos están demasiado acostumbrados a ir de farol permanentemente. Y ahora no tienen tanto resto con el que aguantar. Una salida de RU de la UE sería catastrófica para la Unión, pero sobre todo para Reino Unido.



[1] Las cuatro crisis de la Unión Europea. José Antonio Sanahuja. Anuario 2012-2013 de la Fundación Cultura de la Paz. Coordinadora: Manuela Mesa. Pag. 51. http://www.iaee.eu/material/Las_cuatros_crisis_de_la_UE.pdf
[2] Moneda única y Banco Central Europeo (sistemas europeo de  Bancos Centrales), libre circulación de capitales y convergencia de las políticas económicas de los estados miembros.
[3] Constituido por la Comunidad Europea (Consejo, Comisión y Parlamento Europeo), CECA y EURATOM. 
[4] Política Exterior y de Seguridad Común, establecida en el Título V del TUE y sustituyendo las disposiciones del Acta Única Europea vigente hasta ese momento.
[5] Cooperación en ámbitos de justicia e interior, establecido en el Título VI del TUE.
[7] El voto de mayoría cualificada es también la regulación de una minoría de bloqueo en el seno del Consejo en base al artículo 9C.3 y 9C.4. “.../...la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que incluya al menos a quince de ellos y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión.
La minoría de bloqueo deberá estar compuesta por al menos cuatro miembros del Consejo, a falta de lo cual se considerará alcanzada la mayoría cualificada.../...”.
[8] Acrónimo inglés de British Exit, referido a una hipotética salida de Reino Unido de la UE. http://www.lavanguardia.com/consejos-linguisticos/20151111/54439767932/el-termino-brexit-en-cursiva-y-con-minuscula.html
[9] Acrónimo inglés de Greece Exit, referido a una hipotética salida de Grecia de la UE.
[10] Obama advierte de que un “brexit” dañaría la relación comercial bilateral http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/22/actualidad/1461312194_862738.html
[11] En Reino Unido no se aplica la moneda única europea, el tratado de Schengen, la carta de los derechos fundamentales de la UE y tampoco el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/opting_out.html?locale=es
[12] Cameron lanza la renegociación de la posición de Reino Unido en la UE. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/10/actualidad/1447149568_979878.html
[14] Recordemos que, por diferentes causas, no forman parte de la zona Euro Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido.
[15] ¿Puede ser el brexit el principio del fin de la Eurozona? http://www.elmundo.es/economia/2016/04/26/571e7003268e3e676a8b45aa.html
[17] Ibídem nota 15.
[19] Manuel Castells: La crisis económica europea: una crisis política. http://www.europeg.com/files/Crisis%20de%20Europa.pdf

viernes, 10 de junio de 2016

El papel de la cooperación Sur-Sur en la seguridad alimentaria global.


La Cooperación Sur-Sur (CSS) es el intercambio de soluciones clave de desarrollo —saber, experiencias y buenas prácticas, políticas, tecnología y conocimientos técnicos, recursos— entre los países del Sur del mundo.
La Cooperación Triangular implica asociaciones entre dos o más países en desarrollo, junto con una tercera parte, por lo general un donante tradicional o una organización multilateral. 
La Cooperación Sur-Sur está jugando un rol más importante que nunca en la lucha contra la inseguridad alimentaria. La demanda global de soluciones de desarrollo  provenientes del Sur y probadamente efectivas está en su nivel más alto.
La CSS es un medio eficaz y eficiente para compartir soluciones de desarrollo y mejorar capacidades. La FAO juega un rol importante en la facilitación de la CSS para alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y una agricultura sostenible.
Sus esfuerzos se concentran en:
  • Facilitar el compartir e intercambiar soluciones de desarrollo, proporcionando apoyo y guía práctica para asegurar la alta calidad del intercambio de conocimientos (rutas de aprendizaje, viajes de estudios, capacitación e intercambios de corto, mediano y largo plazo).
  • Fomentar las redes y la gestión de conocimientos, conectando a proveedores y buscadores de soluciones del Sur (oferta y demanda), ampliando el intercambio de conocimientos y mejorando el aprendizaje mutuo entre una amplia gama de actores del Sur.
  • Facilitar el apoyo al más alto nivel político, incluyendo el diálogo sobre políticas y el intercambio entre los formuladores de políticas.
  • Fomentar un entorno favorable, movilizar asociaciones y recursos a nivel más amplio e incrementar la visibilidad del valor de la CSS.
La CSS juega un papel importante en cualquier campo de la geopolítica global actual.  


viernes, 3 de junio de 2016

¿Tenemos una Unión Europea en horas bajas?

A Europa le faltan pasos de gigante




En este artículo de Xavier Vidal Folch, publicado en El País el pasado 3 de abril,  se pone de manifiesto que, efectivamente, la Unión Europea vive una de sus peores crisis. Desde el fiasco de la Constitución Europea hasta hoy, se han sucedido diferentes escenarios que han marcado el caracter de una UE fuerte en lo económico pero cada vez más débil en lo político. La crisis económica y su afección en la zona Euro, la crisis de los refugiados, el brexit... Sin duda necesitamos reforzar la Unión Europea para seguir exportando valores, derechos humanos y democracia. Aquí os dejo el artículo. 



El paradigma europeo dio extraordinarios resultados durante 30 años, pero su trepidante éxito impuso también sus limitaciones

El motor europeo renquea. ¿Por qué? El esquema, paradigma o método de funcionamiento de la Europa comunitaria dio extraordinarios resultados durante al menos 30 largos años: desde la fase fundacional en los años cincuenta hasta el Tratado de Maastricht que en 1992 abrió el camino a la moneda única.

El sistema –llamado funcionalista—consistía en poner en común intereses concretos en asuntos muy tangibles, que supusieran emprender “pequeños pasos” comprobables hacia una mayor trabazón entre los socios, según deletreó la biblia del invento, la Declaración Schuman de 1950: una creciente vinculación explícitamente económica, y solo implícitamente política, para desactivar recelos nacionalistas.

El éxito más rutilante fue la creación de un espacio económico común articulado. Primero fue la puesta en comandita de las producciones del carbón y el acero (las bases de la industria de guerra, con el fin de impedirla) gracias al Tratado CECA de 1951. Pronto el experimento se amplió con carácter general instaurando una zona compartida para comerciar, el Mercado Común (Tratado de Roma, 1957). La Unión aduanera le añadió vertebración interna al establecer aranceles compartidos hacia afuera, la tarifa exterior común.

El éxito más rutilante fue la creación de un espacio económico común articulado. 

Distintas políticas de acompañamiento –la de Competencia, la agrícola, la incipiente de cohesión, la igualdad de género y salarial— a veces promovidas por vía jurisprudencial, iban redondeando ese espacio comercial. Hasta que culminó en el mercado interior, mercado único o Europa sin fronteras de 1993, diseñado por el Acta Única (1986/1987): el programa consistió en destruir una por una las distintas barreras no arancelarias (técnicas, fitosanitarias, de seguridad, jurídicas) que aún fragmentaban en doce mercados nacionales distintos el pretendido mercado común. Para desmontar esas regulaciones locales hubo que regular mucho, mediante más de 300 directivas. Y aunque la creación del euro arrancaba de motivaciones propiamente monetarias –sortear las turbulencias provocadas por la volatilidad del dólar después de los primeros años setenta--, la unificación monetaria también se concibió como la coronación de esa unificación comercial.

La secuencia inventada por Jean Monet y los otros fundadores era en apariencia simple. Un pequeño paso desencadenaba el siguiente, mediante un efecto palanca (“levier”): al extraer una cereza del cesto de las soberanías nacionales, se arrancaba imperceptiblemente la siguiente. Así que los avances, aparentemente liliputienses o inocuos, construían en realidad una secuencia de enorme alcance. Mediante esa secuencia, Europa, que tras la segunda guerra mundial no era más que un no-continente vencido, arruinado y dividido, surgía a mediados de los ochenta (al menos) como un actor mundial de primera magnitud.

Pero en su trepidante éxito se enroscaban también sus limitaciones. No es que el proyecto federal naufragase desde Maastricht y la (casi simultánea) reunificación alemana, porque continuó acogiendo a nuevos socios –duplicó su nómina de miembros—, compartiendo nuevas políticas y extendiendo su atractivo hacia el exterior. Pero precisamente al compás de todo ello, la lógica funcionalista del efecto desencadenante de sucesivos avances –huérfana de un mayor acompañamiento de convergencia política-- empezó a generar rendimientos inferiores. Costó mucho más que a cada paso le siguiera el que en buena lógica le debía continuar en la secuencia de la integración.

Los segundos pasos empezaron a ser más pequeños, o más débiles, o a fracasar. O sea, que los segundos pasos empezaron a ser más pequeños, o más débiles, o a fracasar. La libre circulación de capitales se estableció desde 1990, pero se dejó para más adelante la armonización fiscal. Los resultados fueron la permanencia de la competencia impositiva desleal (en el Impuesto de Sociedades: Irlanda, luego Chipre), distorsiones del mercado, la progresiva desfiscalización (del capital) que amenazaba la financiación del preciado “modelo social europeo” articulado en torno al Estado del bienestar. La muy minimalista armonización de la fiscalidad del ahorro/capital (mera obligación informativa mutua entre los Estados miembros) tardó catorce años (hasta 2003).

La aparición del euro en 2000 fue preparada por una fuerte política de cohesión territorial (entre 1985 y 1995 se duplicaron los fondos estructurales) que debían evitar las enormes disparidades regionales suscitadas por el ingreso de Grecia, España y Portugal y aproximar algo la eurozona a un “área monetaria óptima” y por una coordinación de las políticas presupuestarias (Pacto de Estabilidad, PEC, de 1997). Pero se olvidó el paralelismo propugnado en el Informe Delors de 1989 según el cual “la unión económica y la unión monetaria forman parte de un conjunto y deben realizarse en paralelo”.

La Unión necesita para sobrevivir un nuevo paradigma.

Ese automatismo mutuo, esa simultaneidad, ese enfoque global nunca se alcanzaron espontáneamente. Habría que esperar a la inminencia del abismo, a la Gran Recesión de 2008 para que se acordase la urgencia de establecer fondos de rescate (pues la crisis afectó a unos más que a otros, en los famosos e imprevistos “shocks asimétricos”), la unión bancaria, nuevos instrumentos para la política monetaria del BCE y la --siempre pendiente-- unión fiscal.

Prudencia presupuestaria. 

La política macroeconómica se empeñó en la prudencia presupuestaria, la ortodoxia fiscal, la disciplina del déficit y la deuda limitados (al 3% y al 60% del PIB, respectivamente) desde Maastricht y el PEC (y luego con las reformas de 2011 y el Tratado de estabilidad (2012). Pero la otra pata complementaria, la estrategia de crecimiento y empleo fue siempre la pata coja. Los ministros de Economía y Hacienda (“ecofines”), acogotados por la influencia del ordoliberalismo alemán y del Bundesbank boicotearon a fondo el Libro Blanco de Delors sobre crecimiento, competitividad y empleo (1993) –sobre todo, sus apuestas por la sociedad de la información, la revolución digital y la emisión de deuda europea para financiar grandes redes--; limitaron el alcance del Pacto por el Crecimiento y el Empleo (2012) impulsado por el retorno del socialismo francés; y diluyeron o ralentizaron las propuestas de los recientes informes de los cuatro (y cinco) presidentes, sobre unión fiscal, eurobonos, Tesoro y Hacienda comunes.

En cuestiones de libertades y seguridad, al achatarramiento de las fronteras internas de la Unión mediante la generalización de los acuerdos de Schengen (firmados en 1985, en vigor diez años después) le siguió una política mucho más débil de reforzamiento de fronteras exteriores (Frontex, tardía y débil), y una política de Interior limitada: una Europol constreñida, una cooperación policial-judicial archi-temerosa (hasta la euroorden de detención de 2002), una política común de visados lenta, y como ahora se constata, frágil.

Y en general, la estrategia de ampliación a nuevos candidatos (de los 6 fundadores hasta los actuales 28 socios) que se había simultaneado con la previa, paralela o inmediata profundización de las políticas, mecanismos y procedimientos de la Unión –a través de sucesivas reformas de los Tratados-- llegó a su techo de eficiencia con la última ampliación, al Este. La rebaja del ambicioso Tratado Constitucional (2004) fue su principal símbolo. Asediada por las oleadas migratorias (crisis de Siria y los refugiados), las tensiones centrífugas (Reino Unido), las pulsiones nacionalistas autoritarias (Polonia, Hungría), y las propias insuficiencias de sus grandes logros (eurozona), la Unión necesita ya, incluso simplemente para sobrevivir, pasos de gigante, no solo pequeños pasos. Un nuevo paradigma. ¿Quién pone el cascabel a ese gato?.