viernes, 15 de julio de 2016

La Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y el Cambio Climático (1)


1. El concepto de Cambio Climático. Definición y alcance del problema.
¿Qué nos hace pensar que en realidad existe el llamado cambio climático? Todavía hay quienes dudan de ello, a pesar de ciertos datos verdaderamente reveladores a la par que preocupantes: la atmósfera y los océanos se han calentado (0,85ºC de media en los últimos 130 años y 0,1ºC por década en los últimos 40 años), las extensiones de nieve y hielo han disminuido (Groenlandia y la Antártida sobre todo), el nivel del mar ha subido (0,19 metros en los últimos 100 años, siendo de 3.2 mm/año los últimos 17) y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado (las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso[1] han aumentado desde 1750, excediendo los niveles en 40%, 150% y 20% respectivamente)[2].
Todos los científicos apuntan que la influencia humana sobre el clima ha sido la causa dominante de los cambios acaecidos y descritos anteriormente[3]. Si continúa esta proyección, a finales del siglo XXI la temperatura global en la superficie de la tierra se habrá incrementado en 3,7ºC, los océanos se calentarán (todavía más los mares interiores, como el Mediterráneo[4]) y disminuirá el hielo marino Ártico, quedando libre de hielo en el 2050, incrementándose el nivel del mar en una media de 0,62 metros.
Sin ninguna duda, el cambio climático es una realidad que se vive a través de una combinación de riesgos medioambientales naturales (inundaciones, sequías, vientos, incendios y precipitaciones irregulares) con otro tipo de amenazas asociadas a la densidad de población, a la situación sanitaria y educativa, al acceso a los alimentos y al agua, y al tipo de gobierno y sus acciones en el territorio. Por ejemplo, en África[5], un continente que tiene varios países que reúnen las características antes mencionadas, entre 1999 y 2013 se han producido más de 2.300 desastres naturales, con 1.300.000 víctimas mortales y más de 450 millones de afectados. En el continente negro, y dependiendo de la región, el deterioro medioambiental producido por el calentamiento global, ha acrecentado el impacto de diferentes conflictos, sobre todo los relacionados con la seguridad humana y las migraciones.
Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente[6], los mayores aumentos de temperatura en la Unión Europea se registran en el sur del continente y en la región ártica; los mayores descensos de la precipitación se registran en el sur, con aumentos en el norte y el noroeste. Esta agencia, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas, prevé un aumento de la intensidad y la frecuencia de las olas de calor y las inundaciones, así como los cambios en la distribución de algunas enfermedades infecciosas y del polen que afectarán, negativamente, a la salud humana, incidiendo en la seguridad de toda la UE. El cambio climático constituye una carga añadida sobre los ecosistemas y provoca el desplazamiento de especies vegetales y animales buscando temperaturas menos extremas, fundamentalmente en el norte. Repercute negativamente en la agricultura, la silvicultura, la producción energética, el turismo y las infraestructuras en general.

REGIÓN EUROPEA
CAUSA DE LA VULNERABILIDAD
SUR de la UE y CUENCA MEDITERRÁNEA
Aumento de la temperatura, olas de calor y sequía.
ZONAS MONTAÑOSAS
Fusión de la nieve y el hielo.
ZONAS COSTERAS y DELTAS
Aumento del nivel del mar y de las precipitaciones de intensidad, provocando inundaciones.
NORTE de la UE y ÁRTICO
Fusión del hielo a causa del aumento de las temperaturas
Problemas globales
Deslizamientos de tierra, propagación de enfermedades transmitidas por insectos, disminución del rendimiento de los cultivos, inundación de regiones costeras, problemas en las reservas de agua, caladeros de pesca, turismo y migraciones tierra adentro.
Cuadro 1. Cambio Climático y vulnerabilidad de la UE. Elaboración propia con datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Sabemos, además, que la UE es responsable del 24% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero; quizá por ello se esfuerza en aplicar políticas de lucha activa contra el cambio climático. El cambio climático afecta a la seguridad de los países, de todas las regiones y a todos los estados de la UE, unos más que otros, lógicamente. Y los riesgos no son sólo ambientales, sino que incluyen otros de naturaleza humanitaria, política, geoestratégica y económica. La amenaza, por tanto, es global, para la seguridad de la UE.
¿Qué es, por tanto, el cambio climático, y cuál es el alcancel del problema? El Cambio Climático[7] es un problema con un origen marcadamente económico, y ese origen es el conjunto de formas de producir y de hábitos de consumo que ha establecido nuestro modo de vida. Es necesario cambiar esos hábitos, transformar el actual modo de vida hacia otro que nos permita mantener un adecuado nivel de bienestar sin socavar las posibilidades de supervivencia de nuestra civilización sobre el planeta Tierra.  Es imperativo proveer los cambios sociales suficientes, que deben ser asumidos por la sociedad en su conjunto, fortaleciendo los sistemas de responsabilidad social a la vez que incorporando en todas las esferas posibles procedimientos de economía circular, siendo imprescindible, tal y como ha establecido la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático[8] (en adelante COP21), la implicación y la participación social. Nuestro planeta se está calentando a una velocidad sin precedentes debido, en gran medida, a la emisión de gases de efecto invernadero[9] (en adelante GEI).
El Cambio Climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad y es causa directa de graves admoniciones globales. Las emisiones constantes y desproporcionadas de gases por parte de los países industrializados, entre otros abusos de los recursos naturales, provocan graves modificaciones en el clima mundial, afectando, sobre todo, a los países en vías de desarrollo y se traducen en inundaciones, sequía, huracanes y todo tipo de desastres naturales que dejan a la población desvalida y sin medios para subsistir, provocando en el peor de los casos la conversión del país en estado fallido. El giro climatológico de diferentes partes del planeta provoca migraciones hacia lugares más amables con clima menos extremo y con acceso a una alimentación regular. La explotación desmesurada de los recursos naturales provocan una economía intensiva que genera abundantes recursos económicos (para unos pocos generalmente) pero pobreza, enfermedad y esclavitud para una gran mayoría. El alcance, por tanto, es global, planetario, no se circunscribe a unos lugares determinados y, por tanto, podemos decir que nos atañe de manera integral siendo el medio ambiente y el hombre el principal receptor del alcance del Cambio Climático y, por ende, nuestros hábitats, modos y medios de vida. El Cambio Climático es uno de los problemas mundiales más importantes de nuestro siglo; así es considerado por la UE y tiene un lugar privilegiado dentro de sus prioridades, afectando a la PESC, ya que afecta a la gobernanza global, a la seguridad, los derechos fundamentales y el desarrollo democrático.

2. Situación Actual.
Decíamos que el problema y alcance del Cambio Climático es global, apremiante y potencialmente irreversible, por lo que la lucha para paliar o reducir sus efectos debe ser, también, universal. Puesto que nos ocuparemos de las políticas de la UE desde su liderazgo y la situación, programas y acciones, conviene remarcar los esfuerzos que algunas organizaciones mundiales realizan para coadyuvar en la lucha contra el Cambio Climático. De esta manera tendremos una visión cosmogónica del problema global que significa el calentamiento de nuestro planeta.
El Foro de Davos, en su reciente reunión de enero de 2016, alertaba de “…/… la falta de mitigación y adaptación al cambio climático…/…” como uno de los principales riesgos globales actuales y de especial atención durante la década 2016-2026; es la primera vez que este importante Foro coloca un problema medioambiental como el primero de los peligros globales[10]. El año 2015 fue el más cálido jamás registrado en la Tierra desde que comenzaron los registros climáticos hace 136 años; la temperatura de la superficie terrestre y oceánica de la Tierra se situó 0,9 grados centígrados por encima de la media registrada durante el siglo XX, que es de 13,9 grados centígrados, según el estudio. De hecho, 2015 fue 0,13 grados centígrados más caluroso que 2014, el año que marcó el anterior récord de mayores temperaturas[11]. El 18 de diciembre de 2015 China sufría su segunda alerta roja por contaminación (la primera fue entre el 6 y el 9 de diciembre), concretamente en el norte y este del país y afectando a más de 50 ciudades incluyendo Pekín, previendo una densidad de partículas PM 2,5[12] superior, en varias regiones a los 500 microgramos por metro cúbico, cuando el máximo recomendado por la OMS es de 25; la visibilidad en la capital del gigante asiático se redujo a menos de un kilómetro. El Presidente de EE.UU Barack Obama aseguró en su último debate del Estado de la Unión, que ejercerá presión política en su recta final del mandato presidencial para que haya "…/… cambios en la forma como EE.UU. maneja el petróleo y el carbón, redoblando así su apuesta por las energías limpias y la lucha contra el cambio climático”. Obama recriminó también al Partido Republicano que continúe negando la evidencia del Cambio Climático. Podríamos seguir hablando de la situación actual global con respecto al Cambio Climático, pero creo que son suficientes estos ejemplos. En cualquier caso, para poder ayudar a lo ya explicitado en la vigencia de este grave y actual riesgo mundial, hablaremos brevemente de la estrategia de Naciones Unidas, sobre todo a raíz de la COP21[13], sobre la que se coadyuvan las estrategias de la UE.
Naciones Unidas sostiene que los países han admitido que “…/…el cambio climático constituye una amenaza cada vez mayor para el desarrollo, las iniciativas destinadas a erradicar la pobreza y el bienestar de sus ciudadanos.” Los efectos del cambio climático se perciben en todos los continentes, exacerbándose más en unas regiones que otras, generalmente las más pobres del planeta. En el seno de la ONU existe el denominado Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático[14] (en adelante IPCC), que elabora informes anuales sobre las consecuencias de Cambio Climático[15];  para el IPCC las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y, de continuar así, el aumento de la temperatura a nivel mundial superará con creces el límite de 2 grados centígrados establecido como objetivo por los países con el fin de evitar los efectos más peligrosos del cambio climático. El informe correspondiente a 2015 se dará a conocer en la 43 reunión que el Grupo realizará en Nairobi (Kenia) los próximos 11 al 13 de abril de este año[16].
El quinto informe de evaluación (AR5)[17] es el diagnóstico más completo de los conocimientos científicos sobre el cambio climático desde 2007 y nos aporta evidencias y posibles posibilidades para paliar los efectos del Cambio Climático. Naciones Unidas tiene más de 35 programas de alianza[18], con diferentes organismos de la ONU, para trabajar de manera interdepartamental contra el Cambio Climático. De todas las estrategias, la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC) es la más activa, más conocida como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o Cumbre de París 2015 (COP 21)[19]. La COP21[20] concluyó con la adopción de un acuerdo histórico para combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono para crear entornos, sobre todo, sostenibles. El objetivo principal del acuerdo universal es mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Además, el acuerdo busca reforzar la habilidad internacional para hacer frente a los impactos del cambio climático. Y así lo hicieron los 195 países presentes en la Conferencia de 2015. Se ha catalogado como histórico el acuerdo de París porque las decisiones son de carácter universal, aspecto éste del encuentro de diciembre de 2015 que no había sido conseguido en ninguna de las anteriores reuniones. El acuerdo parte del hecho de la “grave preocupación” por la ausencia de resultados en cuanto a la reducción de los GEI, provocando un calentamiento global sin precedentes. El objetivo, por tanto, es limitar el calentamiento de la tierra por debajo de los 2ºC, fijando como deseable llegar a 1,5ºC. Para que las emisiones de los GEI comiencen a reducirse rápidamente, hay que lograr un equilibrio entre las actividades humanes que los generan y las que pueden ser capturadas por medios naturales (fundamentalmente bosques); también se debe contar con elementos tecnológicos que ayuden a la absorción de los GEI (instalaciones de almacenamiento de Carbono, por ejemplo, aunque estas infraestructuras están, hoy, muy cuestionadas[21]). Ese es otro de los logros de la COP21, que incluso los países de la OPEP[22] hayan admitido lo que negaban hasta ahora: la parcialidad del Carbono y sus efectos en el calentamiento global[23]. Aunque la OPEP no participó en la COP21 como organización, sí lo hicieron los países miembros, desempeñando un papel protagonista en cuanto a la reducción voluntaria de las emisiones para el periodo 2020-2030. Mientras que Argelia lo hizo dentro del plazo establecido por Naciones Unidas, Ecuador, Emiratos Árabes, Angola, Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait, Nigeria, Qatar, Libia y Venezuela también lo hicieron, aunque fuera de plazo. 
Los países más ricos del planeta en sus versiones G7, G8 o G20, así como los más industrializados, recortarán sus emisiones y respaldarán las rebajas de las emisiones de los países en vías de desarrollo (los BRICS[24], fundamentalmente).  Los países más desarrollados financiarán la reconversión energética de las naciones en vías de desarrollo; también a enfrentar las consecuencias del Cambio Climático, sobre todo en lo relacionado con la seguridad energética y alimentaria. Los países más desarrollados aportarán 100.000 millones de dólares anuales hasta 2025, fecha en la que se actualizará la cifra. En cuanto a las pérdidas y daños, “.../...Se reconoce a las islas vulnerables al alza del nivel de los océanos y a los países pobres más expuestos al cambio climático el derecho a obtener respaldos para evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos de este fenómeno”.
El acuerdo de París entrará en vigor en 2020, pero en 2018 los países evaluarán los impactos económicos y sociales de sus iniciativas contra el calentamiento global, revisando sus estrategias de reducción de los GEI. Habrá una nueva conferencia de las partes en 2023 y, después, revisión de los acuerdos y resultados cada cinco años.


3. Liderazgo de la Unión Europea en la lucha contra el Cambio Climático.
Después de un acuerdo tan importante en cuanto a la globalidad del mismo, las grandes estructuras nacionales y supranacionales tienen que estar detrás de él, apoyando las iniciativas que de él surgieron. Ya lo hemos comentado con respecto de los BRICS; también EE.UU, a pesar del escepticismo republicano que esconde, una vez más, intereses económicos. La Unión Europea, por supuesto, pero en Europa llevamos ya mucho tiempo librando batalla contra el Cambio Climático y sus efectos, seguramente porque la UE es la responsable del 24% de las emisiones totales de los GEI. Así, la estrategia de la UE era tanto interna como externa, es decir, que importaban tanto los países miembros de la UE como el resto de los países de su entorno. Y tiene su lógica, ya que además de cumplir con los valores explicitados en el Tratado de la Unión Europea (en adelante TUE), se trata de invertir en seguridad, de todo tipo, puesto que las fronteras de la UE, sobre todo la Sur, sufrirán una avalancha de población desplazada por los efectos del Cambio Climático, queriendo entrar en una Europa que ofrece diferentes garantías. Aún cuando el Protocolo de Kioto[25] no era respetado por casi ningún país de la esfera internacional, la UE alcanzó en Durban, en diciembre de 2011, un firme compromiso con la lucha contra el Cambio Climático para extender este acuerdo hasta 2020, unido al esfuerzo de rebajar las emisiones de GEI un 20%, elevar la cuota de generación de energía a través de renovables en un 20% y aumentar la eficiencia energética un 20%[26]. Si bien es cierto que la UE cumplió como estructura supranacional, diferentes países miembros como España, Dinamarca e Italia no lo hicieron.
La crisis económica ha hecho que nos olvidemos, durante unos años trascendentales, del Cambio Climático. Sin embargo los efectos de la crisis han aumentado los efectos de éste. La dependencia de los combustibles fósiles es uno de ellos, olvidando la política de fomento de las energías renovables llevada hasta entonces. Invertir en medidas con mucho coste económico en periodo de crisis no era asumible por muchos de los países UE. Sin embargo, mientras los costes de la crisis ya han supuesto cerca de los dos billones de euros, la inversión en programas contra el Cambio Climático no llegará a los 73.000 millones de euros anuales hasta 2020[27], demostrándose, una vez más, la poca altura de miras. La crisis económica también nos ha traído la protección a las industrias más contaminantes tales como siderúrgicas, cementeras y papeleras, que se verán exentos de pagar los impuestos de emisión en un 90% de los casos, protegiendo la deslocalización empresarial y el desempleo en el territorio de la Unión, sobre todo los países más petróleo-dependientes. Aún así, desde la UE tenemos suficientes herramientas para ocuparnos de los efectos del Cambio Climático y liderar la conversión de sus consecuencias tanto en Europa como en el Mundo. 
Desde los tratados. La política europea en materia de medio ambiente se remonta al Consejo Europeo celebrado en París en 1972, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, tras la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente[28], reconocieron la necesidad de establecer una política comunitaria en materia de medio ambiente que acompañara la expansión económica. La UE es, por tanto,  competente para actuar en todos los ámbitos de la política de medio ambiente, como la contaminación del aire y el agua, la gestión de residuos y el cambio climático. Su ámbito de actuación se ve limitado por el principio de subsidiariedad y por el requisito de unanimidad en el Consejo en los ámbitos de asuntos fiscales, ordenación territorial, utilización del suelo, gestión cuantitativa de los recursos hídricos, elección de fuentes de energía y estructura del abastecimiento energético. Podemos resumir que la política medioambiental europea se basa en los principios de cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente y en el concepto de que “quien contamina paga”. Ésta se aplica por medio de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental (en adelante DRM), cuyo objetivo es prevenir los daños medioambientales causados a especies protegidas y hábitats naturales, el agua y el suelo. Los operadores que realizan determinadas actividades profesionales, como el transporte de sustancias peligrosas, o actividades que implican vertidos a las aguas, deben tomar medidas preventivas en caso de amenaza inminente para el medio ambiente. De haberse producido ya el daño, están obligados a tomar las medidas adecuadas para remediarlo y a pagar los costes. El ámbito de aplicación de la Directiva se ha ampliado para incluir la gestión de residuos de extracción, la explotación de emplazamientos de almacenamiento geológico y la seguridad de las operaciones de extracción de petróleo y gas, respectivamente.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1985 (TFUE): Como competencias compartidas[29] el artículo 4.2 establece las de medio ambiente, pesca y agricultura, transportes, energía y seguridad, entre otras. El artículo 11 fomenta el desarrollo sostenible en las políticas ambientales. Los artículos 191, 192 y 193 refieren diferentes cuestiones relacionadas con el Medio Ambiente que hoy son programas de reducción de los GEI. Pero el art. 191.1 habla en concreto de la lucha contra el cambio climático.
Acta Única Europea  de 1987 (AUE).  Se introduce, por primera vez, un título sobre medio ambiente, que constituyó el primer fundamento jurídico para una política común en materia de medio ambiente, con el objetivo de preservar su calidad, proteger la salud humana y garantizar un uso racional de los recursos naturales. Hay tres nuevos artículos en el Título VII,   el 130R, 130S y 130T, que se añaden al Tratado CEE y  que permiten a la Comunidad “la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y la utilización prudente y racional de los recursos naturales”. Se precisa que la Comunidad únicamente intervendrá en materia de medio ambiente cuando esta acción pueda realizarse mejor a escala comunitaria que en los Estados miembros.
Tratado de Maastricht 1993 (Tratado de la Unión Europea TUE). Además de proporcionar los tres pilares de la UE (el pilar comunitario, la PESC y la Justicia y los Asuntos de Interior), el TUE habla de desarrollo sostenible y protección y mejora del medio ambiente (art. 3.3 y 3.5). En este Tratado el ámbito medioambiental se convirtió en un ámbito político oficial de la UE; se introdujo el procedimiento de codecisión,  y la votación por mayoría cualificada pasó a ser la norma general en el Consejo.
Tratado de Amsterdam (primera revisión TUE) 1999. Estableció la obligación de integrar la protección del medio ambiente en todas las políticas sectoriales de la UE con miras a promover el desarrollo sostenible.
Tratado de Niza (segunda revisión TUE) 2003. No incorpora nuevos asunto relacionados con el Medio Ambiente y el Cambio Climático al ocuparse el Tratado de la puesta a punto de la estructura institucional de cara a las ampliaciones que tendría que afrontar la UE.
Tratado de Lisboa (tercera revisión TUE) 2009. Organiza y clarifica por primera vez las competencias de la Unión, distinguiendo tres tipos de competencias: competencia exclusiva, competencia compartida y competencia de apoyo. El medio ambiente será una competencia compartida. Además, la UE tiene ya personalidad jurídica propia para la firma de tratados y convenios internacionales. El Tratado de Lisboa añade explícitamente que la lucha contra el cambio climático es objetivo primario de la Unión. Se configura, así,  como uno de los valores y señas de identidad europea en un momento clave de identificación de lo que significa Europa, cuando las circunstancias son radicalmente diferentes al inicio del proceso de construcción europea (artículos 2.3, 2.5, TÍTULO I art. 2.c.e, 143, 144, 145 y 146).


Desde el Parlamento Europeo. El parlamento Europeo (en adelante PE) como poder legislativo de la UE, ha liderado la respuesta global al cambio climático, junto al Consejo y la Comisión Europea. Con la aprobación de normas específicas, se ha contribuido a la  reducción de las emisiones de GEI y se ha convertido a la UE en una economía de bajas emisiones de carbono, reduciendo la dependencia de las importaciones de energías fósiles. A lo largo de su séptima legislatura (2009-2014), el PE, que legisla junto al Consejo, ha adoptado, entre otras, decisiones legislativas  sobre emisiones de vehículos e industriales, residuos electrónicos y bolsas de plástico, traslado ilegal de residuos, estrategia de residuos y desguace de viejos buques. En la actualidad los asuntos relativos al Cambio Climático se debaten en la Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria[30]. La lucha contra el Cambio Climático, el fomento de las energías limpias y la protección del medio ambiente son elementos transversales en esta comisión, que ha trabajado activamente en la COP21. En la actualidad los trabajos del PE giran en torno a la reducción de emisiones por parte de las empresas y en el establecimiento de objetivos climáticos más eficaces para el periodo 2020-2030. Eficiencia energética, etiquetado energético, diseño ecológico, gases fluorados, transporte menos contaminante (gas y electricidad), y  biocombustibles terminan los trabajos que, en la actualidad, debate la comisión de Medio Ambiente en el PE. Además, el PE  ha aprobado una actualización de la Directiva sobre las evaluaciones de impacto ambiental para clarificar el texto, incluir la biodiversidad y el cambio climático y garantizar que las autorizaciones de proyectos no estén sujetas a conflictos de intereses.
Desde el Consejo de la UE: Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 25 países de la UE definen las orientaciones y prioridades políticas generales de la UE en el Consejo. A través de diferentes decisiones el Consejo y sus estados miembros están comprometidos con la lucha contra el Cambio Climático y la reducción de las emisiones de GEI. Al decidir qué políticas son las que se realizan, marcan la agenda de la Comisión Europea. Las primeras medidas que se tomaron en este sentido por el Consejo datan de 2008, cuando se establecieron metas para el 2020.

Objetivo 20-20-20 (20% menos de emisiones GEI, 20% más de energías renovables y 20% más de eficiencia energética).
Marco de actuación en materia de clima y energía para 2030. Mayor competitividad, seguridad y sostenibilidad en el sistema económico y energético, con una fuerte inversión en tecnologías ecológicas.
Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y su reforma. Creado para promover la reducción de emisiones GEI de modo rentable y económicamente eficiente. Las emisiones GEI de diferentes sectores industriales están limitadas, pudiendo las empresas comprar o recibir derechos individuales. Con el fin de compensar los excedentes existentes, se fortalecerá el sistema para paliar los desequilibrios entre oferta y demanda de derechos de emisión en 2019.
Cooperación y desarrollo sobre Cambio Climático a través de acuerdos internacionales. Participación activa y protagonista de la UE en la CMNUCC de París (COP21) y acuerdos con regiones y países (BRICS sobre todo).


Desde la Comisión Europea. Gracias al Comunicado de 9 de febrero de 2005 “Ganar la batalla contra el Cambio Climático mundial”[31] se establece una lucha coordinada desde cuatro ámbitos distintos: los riesgos derivados del Cambio  Climático en sí mismo y la voluntad política de hacer frente a los mismos, la participación internacional en la lucha contra el cambio climático, la innovación necesaria para un cambio de los métodos de producción y utilización de la energía, y la adaptación de los países a los efectos inevitables del cambio climático. Además de cumplir con lo establecido en el Protocolo de Kioto, a través de la decisión 2002/358/CE, se fomenta la sensibilización de los europeos sobre este asunto, fomentando hábitos sostenibles, fortalecer la investigación científica para conocer los efectos del Cambio Climático y poder paliarlos, fomentar la cooperación con terceros países para transferir conocimiento sobre el Cambio Climático, sus efectos y cómo atemperarlos o eliminarlos. A este respecto ya existían medidas de este tipo tanto en el Libro verde sobre seguridad del abastecimiento energético[32] , donde se analizan el constante aumento de la dependencia energética de Europa, los retos que plantean el cambio climático y el mercado interior de la energía, así como las medidas relativas a la oferta o la demanda de recursos energéticos y el lugar de las energías renovables y de la energía nuclear, entre otros interesantísimos temas, como en el Libro Blanco sobre las políticas del Transporte[33], donde se pretendía conciliar el desarrollo económico de la UE y las exigencias de una sociedad que demanda calidad y seguridad al efecto de fomentar un transporte moderno y sostenible. Entre los “beneficios y costes de la estrategia” ya se establecían los de la reducción de los GEI: “.../... Los beneficios de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se derivan principalmente de la prevención de los daños resultantes del cambio climático, tales como el aumento del nivel del mar y las inundaciones, la reducción de los recursos de agua potable, los riesgos para la salud, la modificación de los ecosistemas, los perjuicios para las economías basadas en la agricultura o el turismo, la multiplicación de los riesgos de incendio y de fenómenos climáticos extremos (tempestades, olas de calor), el aumento consiguiente de los costes y gastos en materia de seguro, etc. Sin embargo resulta difícil evaluar de forma precisa el importe de los beneficios de tal acción”.
Fueron muchas más las estrategias generadas desde el ejecutivo europeo, pero destaca entre todas, por lo premonitorio sobre los acuerdos de la COP21, la comunicación de 10 de enero de 2007: "Limitar el calentamiento mundial a 2ºC - Medidas necesarias hasta 2020 y después"[34]. Todos los programas posteriores han estado coordinados con Naciones Unidas, por supuesto, pero no podemos olvidar lo que expusimos al inicio de este apartado: el liderazgo de la UE en materia de control y lucha contra el Cambio Climático. Así, además de lo explicitado, la Comisión Europea tiene marcadas sus estrategias de cara a 2020, 2030 y largo plazo. En la actualidad es el Comisario de Acción por el Clima y Energía el encargado de estos asuntos en la Comisión Europea, que dispone de una Dirección General, la de Acción por el Clima[35], como responsable del ejecutivo europeo. 

Objetivos clave de la Acción por el Clima de la Comisión Europea UE
Precursores:
Comunicado 9.2.2005. Ganar la batalla contra el Cambio Climático Mundial.
Comunicado 10.1.2007. Limitar el calentamiento mundial a 2 ºC - Medidas necesarias hasta 2020 y después.
Actuales:
Objetivos 2020: Reducir 20% emisiones GEI con respecto de 1990. El 20% del consumo total de la energía procederá de renovables. Incremento del 20% de la eficiencia energética.
Objetivos 2030: Reducir el 40% de las emisiones GEI con respecto de 1990. El 27% del consumo total de la energía procederá de renovables. Incremento del 27% de la eficiencia energética.
Objetivos 2050: Reducir entre el 80% y el 95% las emisiones GEI con respecto de 1990. Mejorar la competitividad, creación de empleo e impulso a la economía en base a la alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2.
La UE destinará un 20% del presupuesto 2014-2020 (960.000 millones de Euros) para proteger el clima. Este presupuesto se suma al de los países miembros UE.
Se utilizará el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE como instrumento clave para reducir las emisiones de GEI de la industria al menor coste posible, promoviendo las energías renovables con el objetivo de tener una energía ecológica en la UE.
Se adopta una estrategia de adaptación al Cambio Climático, que tendrá una réplica en todos los estados miembros de la UE que contemple la reducción del consumo innecesario del agua, adaptar la normativa del sector de la construcción, construir defensas contra las inundaciones y desarrollar cultivos resistentes a las sequías, entre otros.
Mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC, reduciendo las emisiones de GEI antes de 2020, y un 60% antes de 2050 con respecto a las de 2010.
Compromiso de cumplimiento con los acuerdos de la COP21.

Desde la Agencia Europea del Medio Ambiente. La Agencia Europea de Medio Ambiente (en adelante AEMA) es un organismo de la UE. Su labor es ofrecer información sólida e independiente sobre el medio ambiente, y es la fuente principal de información para los responsables del desarrollo, la aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales, y también fuente para europeos. En la actualidad, la AEMA tiene 33 países miembros, y sirve de asesor a los estados miembros, además del PE, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, Consejo Económico y Social y Comité de las Regiones. Aunque son muchos los asuntos que tiene asignados la AEMA[36], el Cambio Climático tiene especial protagonismo. 

Los informes que destacan son:
Conseguir un mundo con bajas emisiones de Carbono y resistente al Cambio Climático.
Infraestructura Verde.
Cambio Climático y Ciudades.
El Suelo y el Cambio Climático.
El Cambio Climático y el Mar.
El clima europeo está cambiando.
Clima UE 2015: vivir en un clima cambiante.
.../...





[1] CO2, CH4 y N2O, respectivamente.
[2] Cambio climático: Bases físicas. Guía resumida. Fundación Biodiversidad. Oficina Española de cambio climático. Agencia estatal de Meteorología. Centro Nacional de Educación Ambiental. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2013.
[3] El Informe AR5 del Intergovernamental Panel of Climate Change (IPCC) realizado en 2014 sitúa en un 95% el nivel de certeza sobre la influencia humana en el cambio climático.
[4] Los mares interiores ponen de manifiesto los efectos del Cambio Climático. Informe CORDIS. Comisión Europea. http://cordis.europa.eu/result/rcn/151459_es.html
[5] España mirando al sur: del mediterráneo al Sahel. Informe 18 del Real Instituto Elcano. Noviembre de 2014. Estudio coordinado por Félix Arteaga.

[6] Agencia Europea de Medio Ambiente. Cambio Climático. http://www.eea.europa.eu/es/themes/climate/intro
[7] “Es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” Cambio Climático y sus alcances. http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/CambioClimatico.aspx
[8] Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en París entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2015 http://www.cop21.gouv.fr/
[9] Son gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Su concentración atmosférica es baja, pero tienen una importancia fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta.
Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorcarbonos (CFC) y ozono (O3).  Glosario de términos http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/GasesEfect.htm

[10] World Economic Forum. Committed to improving the state of the world. Insigth Report. The Global Risks Report 2016. 11th edition. Figura 1: The global risks landscape 2016. Figura 2: The global risks interconnections Map 2016 y página 50 (Climate Change and Risks to Food Security). http://www3.weforum.org/docs/GRR/WEF_GRR16.pdf
[11] Informes de la NASA y de la Administración de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA).
[12] Las partículas PM 2,5 son las más perjudiciales para la salud. http://pagina.jccm.es/medioambiente/rvca/calidad/pst.htm
[13] Ibídem nota 8.
[15] Informe sobre Cambio Climático 2014. Mitigación del Cambio Climático. Resumen para responsables de políticas. Ibídem nota 3.              
[17] Ibídem nota 3. Fue lanzado en cuatro partes entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014. AR5 se compone de los informes completos preparados por el Grupo de Trabajo (I, II y III) y sus resúmenes para responsables de políticas, así como un informe de síntesis.
[19] Ibídem nota 8.
[20] Convención Marco sobre Cambio Climático. Conferencia de las partes 21 Sesión. Acuerdos COP21. http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
[21] Captura y almacenamiento de Carbono. http://www.ecologistasenaccion.org/article22923.html
[22] Organización de Países Exportadores de Petróleo. http://www.opec.org/opec_web/en/
[23] Los países petroleros abogan por la captura del CO2 ante el calentamiento http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/06/actualidad/1446837332_618255.html
[24] Acrónimo para denominar las 5 economías emergentes más potentes del planeta: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
[25] El Protocolo de Kioto es el sucesor de CMNUCC y se celebró en la ciudad japonesa el 11 de diciembre de 1997.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28060&from=ES
[26] Estrategia 20/20/20 de la UE.
[27] LA SEGURIDAD CLIMÁTICA EN LA UNIÓN EUROPEA: ENTRE LAS AMENAZAS Y LAS OPORTUNIDADES. Susana Borrás Pentinat. Revista Catalana de Dret Public nº 38. 2009.
[28] La Conferencia de Estocolmo de 1972 centraba la atención internacional en temas medio ambientales, especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la 'contaminación transfronteriza'. Este último concepto era muy importante, ya que señalaba el hecho de que la contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos y afectos a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen.
[29] El artículo 2.2. del TFUE dice sobre las competencias compartidas que: “Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya”.
[31] Comisión Europea: Estrategia sobre Cambio Climático. Bases de la estrategia. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28157&from=ES
[32] Libro Verde de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, “Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético”. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:l27037&from=ES
[33] Libro Blanco: La política europea del transporte de cara al 2010. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24007&from=ES
[34] Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, Parlamento, Consejo Económico y Social y Comité de las Regiones. Limitar el calentamiento mundial a 2ºC y medidas necesarias hasta 2020 y después. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0002&from=ES
[35] Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea. http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm

viernes, 8 de julio de 2016

La geopolítica del Nilo

Desde hace milenios, las más grandes civilizaciones se han originado alrededor de grandes ríos. El Yangtsé, el Ganges, el Indo, el Tigris y el Éufrates… Todos ellos han sido testigos del auge y caída de poderosos pueblos. Asimismo, en todos los rincones del planeta, el control de los ríos ha constituido causa constante de guerras y conflictos. Los ríos otorgan poder; el poder de saciar la sed y paliar el hambre. También el poder de transportar mercancías y personas de manera sencilla y veloz. Y en muchos casos, de todo ese poder depende la supervivencia misma de una nación. Por todo ello, por ese poder, la humanidad no ha cesado de empuñar las armas, ni de alzar y destruir imperios y civilizaciones alrededor de sus aguas. Y si antes se empuñaban espadas, ahora son los tanques y los fusiles los que aparecen tras los tambores de guerra. Las aguas del Nilo, desde tiempos de los faraones hasta la actualidad, han sido testigos de ello.


El Nilo se extiende a lo largo de unos 6700 kilómetros y, aunque no se ha establecido con total exactitud dónde se sitúa su origen, pueden identificarse dos ramales. Por un lado el denominado Nilo Blanco, que nace en Burundi y fluye la zona de los Grandes Lagos de África oriental. De aquí provienen el 14% de las aguas que recorren la cuenca del Nilo hasta el Mediterráneo. Paralela a esta rama del río corre el Nilo Azul, que nace en las tierras altas de Etiopía y que, junto al río etíope de Atbara, aporta el 86% de los recursos hídricos con los que los egipcios riegan sus campos.

Desde sus fuentes hasta el Mediterráneo el Nilo atraviesa once países africanos (Rwanda, Burundi, República Democrática del Congo, Tanzania, Kenia, Uganda, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur, Sudán y Egipto), a los cuales proporciona agua dulce y fértiles márgenes idóneos para la agricultura. Sin él, países como Egipto o Sudán no podrían sobrevivir, pues es el río el que hace posible la vida en el seno mismo de las ardientes arenas del desierto del Sáhara. De hecho, de los más de 450 millones de personas que habitan estos países –más de un tercio de la población total de África–, al menos la mitad depende de las aguas del río Nilo. Es la única fuente de agua potable en la que se puede confiar a largo plazo y una pieza imprescindible para asegurar la seguridad alimentaria en una zona caracterizada por un crecimiento exponencial e incesante de la población –se calcula que en los próximos 25 años dicha región doblará su población– y marcados contrastes entre sequías e inundaciones –que además están siendo intensificados por el cambio climático. Prueba de ello es que el 99% de la población egipcia habita en los márgenes del Nilo, concentrándose más del 80% de los más de 84 millones de habitantes egipcios en el triángulo que conforma su delta a orillas del Mediterráneo. En definitiva, la importancia del Nilo lo convierte en un factor determinante para la estabilidad de toda la zona.
El Nilo para Egipto

La historia de Egipto a lo largo de los últimos 6000 años ha estado marcada por el Nilo. Sin él las pirámides jamás habrían sido construidas ni tampoco habría sido tan ardiente el deseo de los pueblos sucesivos, desde los griegos hasta los mamelucos, de controlar su territorio. Herodoto lo formuló así: “Egipto es un regalo del Nilo”.

No obstante, el gran poder del Nilo necesita de las decisiones políticas adecuadas para poder ser aprovechado. Por un lado, se calcula que, al ritmo de crecimiento actual, la población egipcia podría pasar de los 85 millones de habitantes de ahora a 120 millones en 2025. Por otra parte, en un contexto climático marcado por ciclos de sequías e inundaciones, con una agricultura que absorbe el 80% de las reservas nacionales de agua y un sector industrial en expansión, la buena utilización del Nilo es vital para la supervivencia de la nación árabe. Especialmente teniendo en cuenta que actualmente la mitad de las necesidades de grano y cereales de los egipcios son suplidas por medio de importaciones, haciéndoles muy vulnerables a los cambios mundiales en el precio de los alimentos.

Más allá de la dependencia física de Egipto para con las aguas del Nilo, la historia colonial grabó a fuego en el imaginario de sus habitantes la concepción del rio como un derecho de nacimiento, como una propiedad nacional legítima. Así, con la configuración del Estado egipcio moderno ya en el siglo XIX, éste quedaría íntimamente vinculado a la idea de un país cuya revolución agrícola e industrial devendría del control total de El Cairo sobre las aguas del Nilo por medio de sistemas de regadío, canales y presas. Éstos convertirían a Egipto en un gran exportador de algodón y otros productos agrícolas al mercado mundial. Todo ello se consolidaría a raíz de una serie de tratados entre las potencias coloniales y los distintos territorios bajo su control que, siguiendo intereses principalmente británicos, negarían a Etiopía o Sudán la posibilidad de construir presas u otras obras de ingeniería que alteraran el curso o produjeran cambios en el caudal del Nilo.

De esta forma Egipto quedaría como el único actor capaz de modificar y manejar las dinámicas del río en función de sus necesidades hídricas, sin necesidad de consentimiento previo por parte del resto de naciones de la cuenca del Nilo, reservándose para él un uso anual de 48 billones de metros cúbicos de agua –4 billones serían posteriormente concedidos a Sudán– y pudiendo vetar construcciones que quisieran llevar a cabo dichos estados y que afectaran directa o indirectamente al curso del río. En un posterior tratado de 1959 las cantidades anuales de agua a las que tenían derecho Egipto y Sudán se ampliarían a 55 y 18 billones de metros cúbicos respectivamente, lo que suponía el 99% del agua que fluía cada año por el Nilo. Asimismo se establecía que, en el caso de que Egipto y Sudán aceptaran que un tercer país llevara a cabo un proyecto en el Nilo, ambos países establecerían una comisión permanente para monitorear la construcción. Además a Sudán se le permitiría construir dos presas, la de Roseires y la de Khashm al-Girba. Por otra parte, territorios de estados todavía no existentes como Rwanda, Burundi, Kenia o Tanzania, por los que fluye el Nilo, quedaron fuera de toda posibilidad de decisión sobre sus aguas.

Tras la crisis de Suez, los egipcios vendrían a ser los amos absolutos del río. Así, de la misma forma que los antiguos egipcios consideraban a sus faraones como los dioses terrenales que preservaban el Nilo y sus ciclos de sequías e inundaciones, el ejecutivo del Egipto contemporáneo controlaría a voluntad de qué formas podrían ser utilizadas las aguas fluviales, tanto dentro de sus fronteras estatales como fuera de ellas.

No obstante, el trono del faraón forjado en los tratados coloniales y embellecido después por Egipto y Sudán vendría a ser contestado por otros aspirantes. Y es que no sólo al ejecutivo cairota le preocupa aprovechar al máximo los recursos que el Nilo ofrece. Río arriba, problemas como el crecimiento poblacional acelerado, las hambrunas derivadas de sequías y la necesidad de suplir de energía eléctrica a los sectores económicos en crecimiento en los que depende el desarrollo económico, son también preocupaciones plasmadas en las agendas políticas de los distintos gobiernos.

Por ello, los proyectos de presas o de sistemas de irrigación se suceden sin cesar. Ya en 1970 El Cairo amenazó con iniciar hostilidades contra Etiopía si no detenía su proyecto de la presa de Fincha y se aludió al tratado de 1902 entre Etiopía y Gran Bretaña para frenar el proyecto. En 2004 Tanzania sería también amenazada por Egipto por su propósito de construir un gasoducto en el Lago Victoria, haciéndose de nuevo referencia a los tratados coloniales de principios del siglo XX.

A pesar de todo, la presión conjunta de los países ribereños de las orillas altas del Nilo ha llevado a reducir progresivamente la hidro-hegemonía egipcia en los últimos 15 años. Asimismo, el desinterés de la administración de Hosni Mubarak por la política africana ha disminuido notablemente la influencia cairota sobre la cuenca del Nilo, especialmente en un momento en el que los países africanos están llevando a cabo grandes esfuerzos por consolidar unas relaciones exteriores, tanto a nivel regional como internacional, de alto nivel.

Por otra parte, no se debe infravalorar la entrada del poder financiero chino en la región, el cual ha abierto la posibilidad de llevar a cabo proyectos hasta ahora totalmente inasequibles. Así, los banqueros y las grandes empresas de construcción e ingeniería chinas, a quienes no amedrentan las amenazas de inestabilidad tradicionalmente utilizadas por los egipcios, no han cesado de financiar losambiciosos proyectos de ingeniería hidroeléctrica de Sudán o Etiopía, que suman ya más de 25, siguiendo una tendencia que se reproduce en toda África.
El rival etíope

Entre los más fervientes pretendientes a participar en el gobierno del Nilo está Etiopía. Ya en 1964 realizarían un detallado informe en el que se estudiaban las posibilidades de construir presas para la obtención de energía a lo largo de toda la cuenca del Nilo Azul. Desde entonces los esfuerzos por desarrollar infraestructuras para la obtención de energía hidroeléctrica conjuntamente con los países vecinos no han cesado. Las sequías de los años 80, y las terribles hambrunas que generaron, que afectaron tanto a Egipto como a Etiopía, no hicieron sino elevar las tensiones respecto al codiciado río.

Y es que, frente a la insaciable sed de Egipto, Etiopía muestra un descomunal hambre de desarrollo. Todo ello ha llevado al gobierno de Addis Abeba a construir multitud de presas en los últimos 40 años, tomando en desconsideración las protestas que llegaban desde El Cairo. No obstante, dichas obras quedarían reducidas a la nada en comparación con el proyecto que se iniciaría en 2011: la presa conocida como “Grand Ethiopian Reinassance Dam” (GERD). Esta obra ha necesitado de una inversión total de 4.800 millones de dólares y cuando sea terminada, aproximadamente en 2017, se convertirá en la presa más grande de toda África, con una capacidad de almacenamiento de agua de hasta 74 billones de metros cúbicos y con una producción energética al máximo rendimiento de 6000 megavatios anuales, lo que supondría triplicar la actual capacidad etíope. Además, una vez finalizada no sólo permitirá abastecer de electricidad a Etiopía sino también a los países vecinos tales como Uganda, Djibuti, Kenia, Somalia y Sudán, e incluso a Egipto.

Con todo ello, Etiopía pasaría de ser un país donde tan sólo un tercio de la población tiene acceso a energía eléctrica a ser el mayor exportador de energía de África oriental. Al mismo tiempo, los problemas derivados de la sequía se verían enormemente reducidos y se experimentaría un notable estímulo del desarrollo económico. O desde luego así lo creen las autoridades etíopes, que consideran que un fracaso en la construcción de la presa constituiría un fracaso de Etiopía en su totalidad. Tal es la importancia de la GERD para ellos que han financiado las obras con recursos públicos propios.

A pesar de todo, el tradicional amo del Nilo no tardaría en responder ante semejante desafío arquitectónico. Así, las autoridades cairotas no tardarían en concebir la GERD como una amenaza para su seguridad nacional ante la posibilidad de que la presa reduzca el flujo de agua que llega hasta las orillas egipcias del Nilo. Sin duda alguna el ejemplo etíope se reproducirá en el resto de países ribereños en cuanto gocen de los recursos necesarios, con lo que la hegemonía hídrica de Egipto se hará añicos.

No obstante, Egipto no cesaría en sus esfuerzos por impedir que el proyecto se llevase a cabo. En 2010, en un correo filtrado por Wikileaks, aparecían declaraciones de altos cargos egipcios que, en colaboración con Sudán, planeaban un ataque militar sobre la presa en construcción. Posteriormente, ya con Morsi en el poder tras la primavera egipcia, el elevado tono de las discusiones tampoco desaparecería. En una conversación televisada por error, varios políticos egipcios proponían alimentar la inestabilidad interna en Etiopía mediante la financiación de grupos armados dentro de sus fronteras y el propio presidente llegó a asegurar que si la cantidad de agua que corría por la cuenca egipcia del Nilo se reducía una sola gota ésta sería sustituida con sangre egipcia.

Sin embargo, y aunque no debemos olvidar que Egipto consta con uno de los ejércitos más poderosos de África, la inestabilidad económica y política que impera en el país desde la caída de Mubarak –incluyendo focos de insurgencia islamista en el Sinaí–, junto con la pérdida de influencia por el aumento de fuerza geopolítica del resto de países ribereños subsaharianos –Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenia Burundi y Sudán del Sur han dado ya su apoyo al proyecto–, y la distancia de más de 1000 kilómetros que separan la frontera sur de Egipto del enclave de la presa, hacen totalmente inviable una intervención armada, pues su precio económico, militar y político sería demasiado elevado.

Debemos considerar por otra parte la enorme influencia de Etiopía en el mantenimiento de la estabilidad regional. Es un aliado clave de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo islamista tanto en el Cuerno de África como en la península arábiga y fueron los esfuerzos diplomáticos etíopes los que evitaron que la independencia de Sudán del Sur en 2011 no derivara en una escalada de agresiones con el norte. Por otra parte, es algo notable que Etiopía se haya mostrado dispuesta a la participación de Egipto y Sudán en el proyecto, demostrando con ello el deseo de hacer de la operación un juego beneficioso para todos los implicados.

La pérdida de peso geopolítico de Egipto proviene, entre otras causas, por el mayor empuje ejercido por los países ribereños situados al sur del Sáhara. Frente a la influencia y poder del gigante egipcio, estos estados han llevado a cabo una estrategia clara de “la unión hace la fuerza”. El reflejo institucional de esta perturbación en el centro de gravedad en la región se ha materializado en la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI por sus siglas en inglés).

Se trata de una asociación regional intergubernamental que busca promover la integración regional y el desarrollo económico cooperativo, equitativo y sostenible del río Nilo, de tal forma que todos los participantes puedan compartir los beneficios socio-económicos de sus aguas, a la vez que se mantiene la paz, la estabilidad y la seguridad de la región. En definitiva, se trata de aunar las agendas políticas regionales acerca del Nilo en un proyecto común, cumpliendo así con los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Cursos Fluviales.

Aunque la idea original surgió en 1997 no se hizo realidad hasta el 22 de febrero de 1999. En dicha fecha los ministros encargados del manejo de los recursos hídricos de Burundi, República democrática del Congo, Egipto, Etiopia, Kenia, Rwanda, Sudan del Sur, Sudan, Tanzania y Uganda –y Eritrea como Estado observador– se reunieron en Dar es-Salaam (Tanzania). En dicho encuentro se acordó que la NBI no buscaría otra cosa sino el desarrollo económico y social sostenible de la región de la cuenca del Nilo, a través de la utilización compartida de sus recursos, en base a los principios de equidad, sostenibilidad y buena voluntad, y gozó con el apoyo de instituciones y donantes como el Banco Mundial.

La iniciativa fue concebida como una institución transitoria hasta que fueran completadas las negociaciones acerca del Acuerdo sobre el Marco Cooperativo (Cooperative Framework Agreement o CFA), cuando la NBI se tornó, al fin, permanente en marzo de 2011, tras la firma del acuerdo de Entebe. Dicho acuerdo permite a todos los países ribereños construir presas y llevar a cabo proyectos en común. El acuerdo, catalogado como “una solución africana para un problema africano”, ha sido ya ratificado por Etiopía, Rwanda, Uganda, Kenia, Tanzania y Burundi, y parece que Sudán del Sur y la República Democrática del Congo serán los siguientes. Egipto y Sudán, en cambio, se han negado a firmarlo, alegando que uno de sus artículos vulnera los derechos de uso preexistentes. Si bien, tras su partición en 2011 y la crisis interna resultante –incluida la derivada de la necesidad de relocalizar sus recursos hídricos–, y tras varios informes que han demostrado que la construcción de presas en Etiopía no afectarían significativamente a sus reservas de agua, Sudán está comenzando a inclinarse hacia el bloque sur, una decisión que le reportaría un gran número de beneficios.

Así, la NBI ha logrado que el eje gravitacional de la región se haya desplazado al sur. Con ello Egipto, a pesar de sus esfuerzos de mantener el statu quo con su participación de la iniciativa, tendrá que cambiar su estrategia, y aceptar la necesidad de tejer alianzas con las naciones meridionales de la cuenca; será ésta la única vía por la que podrá capear su inminente crisis hídrica sin provocar una escalada de tensiones armadas en la región, a la vez que se beneficia del desarrollo económico de la zona.
El futuro: la cooperación o la guerra

En definitiva, la urgencia que requieren los problemas hídricos regionales para ser resueltos va poco a poco forzando a los Estados a ceder en sus posturas hacia una posición de consenso y cooperación. Y es que retos como la reducción de la pobreza, frenar la degradación del medio ambiente o la generalización de los servicios públicos, son comunes a todos los Estados de la cuenca, algunos de ellos entre los más pobres del mundo, y su resolución depende en gran medida del buen uso y del aprovechamiento de los recursos que contiene el Nilo en sus meandros. Además, los cambios deberán realizarse tanto a nivel de las políticas públicas internas de cada Estado como en materia de cooperación internacional.

En el ámbito de las relaciones internacionales el cambio de rumbo ya está en marcha, aunque sin duda queda mucho camino por delante. El 23 de marzo de 2015 el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi, el primer ministro etíope Hailemariam Desalegn y el presidente sudanés Omar al-Bashir, firmarían un acuerdo en base a la buena voluntad, para que el proyecto de la GERD en Etiopía siga adelante sin que se produzcan más comportamientos hostiles. Además el ejecutivo de El Cairo ha procedido a estrechar sus relaciones con el resto de países africanos participantes de la NBI, poniendo fin, al menos de momento, a su postura defensiva para con los privilegios de la era colonial.

Por otra parte, será necesario evaluar de qué manera pueden desarrollarse los grandes proyectos arquitectónicos que demandan las distintas economías de la región sin que supongan un perjuicio para las poblaciones locales. Situaciones como la acaecida en 2009 en Sudán, cuando 15.000 familias fueron desplazadas hacia zonas desérticas tras la construcción de la presa de Morowe y la consiguiente inundación de sus tierras, no deberían volver a repetirse. Si se busca realmente la integración y el desarrollo económico de todos los pueblos de la región, las poblaciones más vulnerables deberán ser protegidas, promoviéndose la defensa de los derechos humanos. Asimismo, los gobiernos regionales tendrán que empezar a contar con la participación de los actores no estatales, ya sean ONGs o asociaciones de granjeros o pescadores. Esto permitirá, por un lado, que las demandas y necesidades de dichos grupos sean incluidas en la agenda, abordando las crisis y los conflictos de manera cooperativa y multidimensional, a la vez que se aprovechan sus conocimientos y experiencia sobre el terreno, algo de gran utilidad cuando los recursos logísticos y humanos son muy limitados.

En resumen, si se quiere evitar la conflictividad de la región, el Nilo deberá ser gestionado por medio de la cooperación entre todos los actores implicados, promoviendo la confianza entre los gobiernos, la transparencia en materia de política energética, agrícola y de gestión del agua, así como el desarrollo de proyectos e inversiones comunes que supongan beneficios colectivos.

Artículo extraído de la web de El orden mundial en el siglo XXI

viernes, 1 de julio de 2016

España y la Agenda 2030

Los medios de ejecución de la Agenda 2030: la contribución de España. 




Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen una agenda de progreso global que escapa los límites temáticos y geográficos de agendas anteriores como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ciertamente, escapan el ámbito exclusivo de la cooperación. Aplicarla tendrá implicaciones políticas institucionales, políticas y financieras que deben ser aclaradas cuanto antes.
Resumen

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen la hoja de ruta del desarrollo global hacia 2030. A diferencia de otros esfuerzos anteriores, el alcance temático y geográfico de los ODS responde a la complejidad del reto que afronta: los principios de equidad y sostenibilidad enhebran los 17 objetivos de esta agenda y alcanzan al conjunto de los países firmantes, desarrollados, emergentes y de ingreso bajo. La ambición de los ODS es al mismo tiempo una oportunidad de desplegar acciones relevantes en buena parte de los determinantes del progreso nacional y global, y el riesgo enorme de acabar reducida a un conjunto de buenas intenciones y acciones arbitrarias y atomizadas. La posibilidad de acabar en uno u otro punto depende de la capacidad de los Estados para definir un plan de acción que contemple prioridades claras y evaluables, mecanismos institucionales de coordinación y un presupuesto ajustado a las necesidades. Se analizan aquí estas necesidades para el caso español y se ofrecen algunas ideas para responder a ellas, incluyendo la creación de una Oficina de Sostenibilidad y Equidad adjunta a la Presidencia del Gobierno. Aunque la cooperación internacional es sólo una parte de este esfuerzo, sus instituciones y responsables pueden jugar un papel determinante en el impulso estratégico de la nueva agenda.
Análisis

En septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una agenda universal para el desarrollo global que establece la hoja de ruta de la comunidad internacional al menos hasta 2030. Todos los países están obligados a trasladar estos planes a sus políticas nacionales e internacionales, aunque el modo y el alcance con los que esto ocurra son todavía confusos. Las siguientes notas ofrecen seis reflexiones sobre este proceso y las implicaciones para el caso español.

(1) Una nota de cautela

Los ODS se asemejan más a un recetario que a una receta. Tienen la virtud de ser comprehensivos y relevantes, pero conllevan el grave riesgo de derivar en agendas arbitrarias, atomizadas e inoperantes. Los mecanismos de aplicación y seguimiento de las 169 metas determinarán la eficacia de los planes nacionales y, lo que es más importante, del resultado del esfuerzo agregado.

En su informe de 2014, en plena recta final de la negociación de los ODS, el secretario general de la ONU apeló a “una cultura de la responsabilidad compartida, basada en normas universales acordadas y compromisos globales” e inmediatamente enunció la clave para la consecución de estos objetivos: “mecanismos y procesos locales y nacionales con una participación amplia de una diversidad de actores”.1 Sostener lo contrario sería peculiar, pero esta lógica da una idea de las dificultades a las que harán frente los ODS.

Seis meses después de la aprobación formal de estos objetivos, la web que aloja el detalle de los indicadores de seguimiento incluye más siglas de comisiones que mecanismos estadísticos duros para garantizar el cumplimiento de las metas, cuya amplitud resulta en algunos casos desconcertante (véase el caso de la Cobertura Universal de Salud, ampliamente interpretable dependiendo del contexto). Aunque ya existen 230 indicadores que deben orientar el seguimiento y la evaluación de las metas, la heterogeneidad de los procesos nacionales es preocupante. En España, por ejemplo, no tenemos ninguna pista de los organismos e instituciones que van a asumir esta responsabilidad, ni sobre la influencia de esta agenda en el conjunto de las políticas públicas más allá de la cooperación. La interinidad del gobierno y de la propia legislatura son una magra justificación en un proceso que podría haber quedado definido hace casi un año.

(2) Para España, los ODS ofrecen un desafío de doble eje: geográfico y temático

Como otros países desarrollados, España se enfrenta al reto de hacer suya una agenda de desarrollo global que toca aspectos medulares de su modelo de progreso. El doble eje se establece tanto en el ámbito temático (un conjunto de ambiciosos objetivos enhebrados por los principios de equidad y sostenibilidad) como en el geográfico (definir una aportación sustantiva a la convergencia internacional y el desarrollo de los países pobres, al tiempo que se establecen objetivos nacionales ajustados a las necesidades y capacidades propias).

No hace falta decir que este desafío va mucho más allá del ámbito tradicional de la cooperación. Ninguna contribución seria al cumplimiento de los ODS puede excluir medidas tangibles y relevantes en algunos campos directamente relacionados con los ODS, entre los que destacan los siguientes:2

Consumo y generación de energía, reflejado en los ODS 7 y 10 pero con implicaciones en otros.

Fiscalidad y desigualdad: desde la posición de España en la consolidación de sistemas fiscales internacionales más justos y eficaces hasta la necesidad de abrir un debate nacional sobre la brecha creciente de desigualdad (entre sexos, entre grupos de ingreso, entre grupos de edad) en nuestro propio país. Ambos reflejados en el ODS 10.

Políticas sociales, precariedad e igualdad laboral, un ámbito particularmente sensible del desarrollo social y productivo de España que aparece en el ODS 8.

La acción exterior y todo lo que tiene que ver con el papel de España en el mundo, empezando por sus políticas de cooperación e incluyendo los nuevos partenariados para el desarrollo (ODS 10 y 17).

El movimiento internacional de bienes, servicios y personas, muy particularmente los nuevos modelos de movilidad y la conformación de una Política Migratoria Europea que vaya más allá de la estrategia defensiva.

El doble desafío tiene para España implicaciones de carácter político, institucional y financiero, que desarrollamos brevemente a continuación.

(3) Las implicaciones políticas: un plan nacional para la aplicación de los ODS

Aunque no existe una plantilla fija para llevarla a cabo, la puesta en marcha de los ODS en cada uno de los países debe responder a un plan establecido que incluya las prioridades elegidas por cada país, el calendario de actuaciones, los mecanismos de consulta y los indicadores para garantizar su seguimiento. Este plan de trabajo ya ha sido sugerido por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) y no existe ninguna razón para retrasar su elaboración en el momento en que el nuevo gobierno y parlamento entren en funciones.3

Básicamente, las obligaciones en este ámbito consisten en a la elaboración de un plan de acción que sea al mismo tiempo relevante, ambicioso y creíble. Esto implica definir con finura –y con el horizonte de 2030– las prioridades nacionales en tres ámbitos: 
(1) la agenda propia (por ejemplo, abrir un debate sobre el avance de la desigualdad o poner fin a la emergencia de la pobreza infantil y juvenil); 
(2) la agenda externa (reconsiderar las prioridades de España en materia de cooperación, participación en organismos internacionales o iniciativas de paz); y 
(3) los ámbitos en las que estas se solapan (la agenda del clima o la de la movilidad internacional de personas son dos buenos ejemplos).

Aunque no existen precedentes exactos de un plan de este tipo (los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran una criatura de naturaleza y alcance bien diferentes), sí se puede aprender de la experiencia de otros procesos complejos, como el del cambio climático. El gobierno irlandés, por ejemplo, lanzó a mediados del pasado año una consulta nacional sobre un Plan Nacional de Mitigación que daba respuesta a los compromisos adquiridos en este proceso.4Los países en desarrollo, por su parte, llevan años produciendo programas nacionales de adaptación que se asemejan en su transversalidad y adaptación al tipo de documento que podría elaborar el gobierno español en colaboración con los agentes políticos y sociales.5

(4) Las implicaciones institucionales: una Oficina presidencial de Sostenibilidad y Equidad

Precisamente porque este asunto escapa con mucho el ámbito de influencia de la cooperación, sería deseable que su estructura no esté sujeta sólo al ámbito de influencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que cuente con un armazón institucional transversal y muy cercano a la Presidencia del Gobierno. A lo largo de las últimas semanas se han escuchado algunas sugerencias considerablemente ambiciosas de los partidos, como la realizada por el PSOE durante la campaña del pasado otoño en relación con una Vicepresidencia de Sostenibilidad.

Tal vez esta idea tenga recorrido con algunas opciones de gobierno, y sin duda tiene atractivo. Pero tal vez sea más operativo (y aceptable para el conjunto del arco ideológico) pensar en una Oficina de Sostenibilidad y Equidad equivalente a la actual Oficina Económica del Gobierno. Esta OSE debería estar dotada del aparataje estadístico que sea necesario –lo que implica retoques urgentes en el sistema nacional de estadística para incluir, por ejemplo, información detallada sobre desigualdades por edad o residencia–, así como de los mecanismos de coordinación interministerial que garanticen la coherencia necesaria entre las diferentes áreas de la administración y la posibilidad de exigir una rendición de cuentas ordenada.

Institucionalmente, el panorama debe completarse con una comisión parlamentaria al más alto nivel (esta vez sí, referenciada explícitamente a los ODS) y mecanismos serios y relevantes de participación de la sociedad civil, mucho más allá del modelo y ámbito de influencia del Consejo de Cooperación.

(5) Las implicaciones financieras: una memoria de gastos, pero también de ingresos

El plan nacional de cumplimiento de los ODS debe incorporar una memoria económica detallada tanto en las especificidades del gasto previsto como en los mecanismos que garantizarán los recursos (incluyendo planes explícitos en materia de fiscalidad internacional y nuevos mecanismos de financiación, asuntos que son al mismo tiempo medio y fin de los ODS). El primer punto es mucho más complejo que el segundo. En la medida en que la agenda nacional de los ODS incorpora aspectos centrales del Estado del bienestar, la política energética o la sostenibilidad ambiental, parece complicado establecer un presupuesto ceñido a las necesidades específicas de la agenda 2030. Sí es posible, sin embargo, realizar anotaciones sobre el gasto previsto que permitan informar adecuadamente en los procesos de seguimiento de los ODS y ofrecer al debate público un orden de magnitud del esfuerzo previsto y el realizado.

En lo que respecta a los ingresos, existe la posibilidad de completar las fuentes establecidas de ingresos públicos con nuevas herramientas dirigidas específicamente a la financiación de los ODS y que forman parte de la nueva agenda de financiación del desarrollo. La tasa a las transacciones financieras (conocida popularmente como Tasa Tobin o Tasa Robin Hood) es un buen ejemplo de ello. La propuesta realizada por las organizaciones sociales incluía una distribución del gasto en tres partes: (1) cooperación internacional; (2) lucha contra la pobreza nacional; y (3) lucha contra el cambio climático. Cierto que las previsiones originales eran bastante más optimistas de lo que parece que tendremos finalmente, pero un criterio de este tipo ejemplifica bien las posibilidades presupuestarias y pedagógicas de las nuevas herramientas de ingreso.

Finalmente, sería interesante explorar algunas ideas más heterodoxas como, por ejemplo, la posibilidad de establecer una condicionalidad mutua entre los objetivos de déficit y los ODS, de modo que el primero no aplaste sistemáticamente a los segundos. No hay modo de hacer esto sin el consenso europeo, por lo que es necesario contribuir a promover este debate para el conjunto de la UE.

(6) El papel de la cooperación

El hecho de que las políticas tradicionales de cooperación no ocupen la parte principal del espacio de acción de los ODS no significa que deban ser ignoradas. Las instituciones y los individuos familiarizados con la ayuda al desarrollo cuentan con una experiencia insustituible en la gestión de este tipo de agendas complejas y en la relación con los organismos que deben llevarlas a cabo. La participación activa de una Cooperación Española renovada en el diseño, aplicación y seguimiento del plan nacional para los ODS es al mismo tiempo un beneficio para las aspiraciones nacionales y una oportunidad para salir del cajón estanco en el que a menudo queda recluida. Todo ello hace aún más importante elegir bien las imbricaciones institucionales y los liderazgos políticos en este ámbito, porque es más que posible que lo que España haga en este ámbito comience con el impulso de los sectores de la cooperación, que son los que han seguido más de cerca el proceso de conformación de la Agenda 2030.

Conclusiones

Como ha señalado el investigador del Center for Global Development Charles Kenny, “la propuesta del grupo de trabajo [sobre los ODS] es una visión utópica más que un conjunto creíble de objetivos de desarrollo para 2030”.6 El riesgo de que este conjunto bienintencionado pero inabarcable de metas acabe convertido para muchos Estados en poco más que un recurso retórico no es irrelevante. Y eso sería imperdonable. Al fin y al cabo, el principal valor añadido de la agenda modesta y parcial de los ODM es que proporcionaron a la comunidad internacional (los donantes, fundamentalmente) una hoja de ruta creíble para un período de tiempo razonable. Sustituir este proceso –que ha supuesto avances tangibles en ámbitos como la mortalidad infantil o la lucha contra la malaria– por algo como los ODS es realizar un verdadero salto mortal.

Dicho esto, la oportunidad es evidente. Los ODS ofrecen un relato infinitamente más moderno y relevante del progreso global, uno que considera la compleja imbricación de asuntos, actores y plazos. Interpretar correctamente esta agenda y trasladarla a un programa nacional creíble de actuación es el reto de cada uno de los países firmantes, España entre ellos.

Gonzalo Fanjul
Director de análisis de ISGlobal | @GonzaloFanjul


1 The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet. Synthesis Report of the Secretary-General on the Post-2015 Agenda, diciembre de 2014.

2 Detalle acerca de los ODS y sus metas.

3 Getting Started with the Sustainable Development Goals: A Guide for Stakeholders, SDSN, diciembre de 2015.

4 Minister Kelly launches consultation on the development of Ireland’s first National Mitigation Plan to transition Ireland to a low carbon economy by 2050, 10/VI/2015.

5 Toda la información sobre estos planes.

6 Charles Kenny (2015), “¿Hemos perdido el rumbo? De los ODM a los ODS”, Política Exterior, enero-febrero.

Ver el artículo de Gonzalo Fanjul en la web de Elcano